FERNANDO GARCÍA

El comisario Frattini propone usar el fondo de solidaridad creado para paliar catástrofes naturales
Cuando los periodistas preguntaron ayer a los dirigentes comunitarios “cuánta solidaridad” se había ofrecido realmente a España y a los demás países que sirven de puerta a la inmigración clandestina, ninguno respondió. Ni el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Interior, Franco Frattini, ni el ministro finlandés del ramo y presidente de turno del Consejo de la UE en esta materia, Kari Rajamäki, abrieron la boca sobre el particular. Su silencio es elocuente, pues da cuenta fidedigna de cuál viene siendo en esencia la actitud de los socios europeos a la hora de arrimar el hombro para paliar el problemas que en primera instancia afrontan los estados miembros de la frontera sur de Europa. Si bien los gobiernos han tomado conciencia de la oportunidad, necesidad y justicia de que la Unión asuma el reto como un asunto de los Veinticinco, en el momento de aportar fondos y recursos la cosa cambia; hasta ahora, la mayoría de los estados mira a otra parte.

La toma de conciencia sobre el carácter común del problema tiene un móvil claro, que no es otro que el temor a que las oleadas de sin papeles que arriban a Canarias, Ceuta, Melilla o Lampedusa acaben vagando por las calles y buscando empleo en Amsterdam, Berlín, Viena o París. La ministra holandesa Rita Verdonk lo confesó ayer sin rubor al mostrar a sus colegas un mapa del destino final, en países del norte, de los sin papeles que llegan por el sur.

Una vez asumido en general que el problema es de toda la UE, lo que España, Italia, Malta y la Comisión Europea vienen buscando es que el resto de socios apoquinen. “O compartimos el coste, o compartimos los inmigrantes”, dijo ayer Frattini. El comisario puso como ejemplo el hecho de que la mayoría de los inmigrantes clandestinos que actualmente llegan a Portugal procede de la lejana Ucrania.

Pero, al menos hasta ahora, los llamamientos de España y otros y las advertencias de Bruselas han caído prácticamente en saco roto. Un ejemplo claro es la operación de emergencia montada en Canarias bajo coordinación de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). El operativo pretende ser un ensayo de cooperación multilateral entre los estados miembros que supla la falta de competencias de la UE en la materia. Antes del verano, una docena de países prometió medios (barcos, helicópteros, aviones y personal) para ayudar a España. Pues bien: llegó el momento y sólo tres socios – Italia, Finlandia y Portugal- cumplieron adecuadamente su palabra. Frattini aseguró ayer que ahora tiene ofertas firmes de Alemania, Francia y Grecia. Y los ministros apoyaron la idea de mejorar los recursos de Frontex: no es para menos, pues hoy la agencia tiene 67 empleados (incluidos colaboradores)y su presupuesto es de 15,6 millones de euros.

Frattini prometió estirar al máximo las arcas de Bruselas y pidió al Consejo y al Parlamento que respalden su iniciativa de utilizar para la inmigración el fondo de solidaridad creado en la UE para paliar catástrofes, en principio naturales. La Presidencia finlandesa propuso que la Unión pague “una parte significativa” de los gastos que soportan los países de la frontera sur, aunque sólo a partir del 2014, es decir, sin reabrir el marco presupuestario para el periodo 2007-2013. La iniciativa quedó por debatir. Los Veinticinco se enfrentan en este asunto con su pereza, lentitud y escasa disposición a gastar más dinero.