El padrón municipal, concebido inicialmente como un instrumento puramente administrativo para registrar a las personas que residen en un municipio y garantizarles el acceso a los servicios públicos, se ha convertido en los últimos años en un arma política para limitar el acceso a derechos básicos de las personas migrantes y para condicionar los procesos de regularización, como el que está en marcha actualmente.

La Xarxa d’Entitats pel Padró, que agrupa a una quincena de organizaciones y que representa a cerca de 500 entidades, ha denunciado que algunos ayuntamientos catalanes están pidiendo el certificado de empadronamiento a personas migrantes para regularizar su situación cuando “no es un documento indispensable”.
De hecho, diversas entidades sociales alertan desde hace tiempo que el padrón, que debería ser neutral y universal, se está aplicando de manera desigual según el municipio en Catalunya, y en algunos casos se utiliza como una barrera de acceso a derechos fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En este contexto, el debate se ha intensificado a raíz de la creación del Observatorio del padrón y de la firma del Pacto del Padrón en el Parlament de Catalunya, para armonizar criterios y reducir estas desigualdades, sobre todo a raíz de casos como los de Ripoll donde gobierna la extrema derecha de Aliança Catalana, Figueres o Martorell.

En una conversación con Públic, Kautar Loukaini, portavoz de padrón de la Junta Directiva de ECAS – Entidades Catalanas de Acción Social, que forma parte de la Xarxa, hace una radiografía muy exhaustiva de la problemática. Loukaini señala que el problema no radica en la ley del padrón en sí misma, sino en su aplicación práctica por parte de algunos ayuntamientos. “El padrón nació como un registro administrativo para saber quién reside en la ciudad para poder acceder a servicios, y ahora se está instrumentando en un contexto de polarización, de señalamiento y de criminalización de la pobreza”, afirma.

Según relata, se han detectado prácticas que dificultan o directamente impiden el empadronamiento de determinados colectivos, especialmente personas migrantes o en situación de exclusión social. Entre las irregularidades más frecuentes está la exigencia de documentación adicional que la normativa no pide, la necesidad de tener un contrato de alquiler formal o la imposición de requisitos difíciles de cumplir para personas que viven en habitaciones realquiladas o en situaciones residenciales precarias.

En la misma línea, Isabel Hidalgo, coordinadora de la ONG Solidàries, que también forma parte de la Xarxa, apunta que el problema debe analizarse desde una perspectiva estructural, especialmente vinculada a la crisis de la vivienda. Hidalgo pone el foco en las dificultades para acceder al “padrón social”, una práctica administrativa que los ayuntamientos utilizan para garantizar el empadronamiento de personas que no pueden acreditar un domicilio convencional porque están “realquilando una vivienda y no tienen el permiso del propietario para empadronarse en ella”.
Esta situación deja a muchas personas en una especie de vacío administrativo que dificulta cualquier proceso de integración o regularización posterior. Hidalgo recuerda que el padrón no es un mecanismo que pueda ser denegado arbitrariamente, “sino un registro obligatorio que debería incluir a todas las personas que residen en un municipio, independientemente de su situación”.

Este no empadronamiento tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo en los municipios, ya que las personas a las que se les deniega el padrón continuarán viviendo y utilizando los servicios públicos del municipio, estén o no empadronadas. Por lo tanto, si no constan en el padrón, no cuentan a efectos de planificación y financiación, lo que hace que la administración dimensione los servicios para menos población de la real. “El resultado es que, en la práctica, los servicios se tensionan o se saturan porque atienden a más gente de la prevista”, apunta Hidalgo.
Kautar también señala otros factores que dificultan el empadronamiento, como las comprobaciones de residencia que algunos ayuntamientos utilizan para verificar que la persona vive realmente en el domicilio indicado. Según explica, estos controles a menudo se materializan en visitas domiciliarias por parte de la Policía, “un hecho que disuade a algunas personas de completar el proceso de empadronamiento, especialmente a aquellas que se encuentran en una situación administrativa irregular o con procesos abiertos”, apunta.

En algunos casos, Hidalgo menciona municipios donde esta resistencia a empadronar es más explícita, o incluso “hacen bandera”, como Figueres, La Jonquera o Llançà, mientras que también cita otras localidades, como Girona, Olot o Banyoles, donde se han detectado obstáculos administrativos importantes. En paralelo, señala que incluso en grandes ciudades como Barcelona se pueden producir cuellos de botella o retrasos que acaban teniendo un impacto directo en la vida de las personas. A finales de mayo se publicará un análisis en profundidad sobre los ayuntamientos que no garantizan este derecho, y “los hay de todos los colores políticos”, apunta Loukaini.