No sale bien parada España del informe anual de Amnistía Internacional que acaba de hacerse público: la prestigiosa organización ha expresado su preocupación por la existencia de «informes sobre tortura y malos tratos» policiales en España – ente los ejemplos que menciona está el caso Roquetas – y por la situación que afrontan los inmigrantes y los solicitantes de asilo en el país. Aquella situación de abuso se ha visto agravada «por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes», dice AI, que se remite a un estudio publicado por SOS Racismo, según el cual en uno de cada tres casos de violencia racista en España «los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley». El capítulo más extenso del informe es el dedicado a Migración y asilo, en el que la ONG, apoyándose en datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), denuncia que en 2006 «se siguieron dictando órdenes de expulsión contra inmigrantes indocumentados, a los que se dejaba sin sustento ni medios de regularización de su situación». Con respecto al trato a los inmigrantes, Amnistía registra el problema de Canarias, que recibe hoy gran parte de la inmigración irregular, e indica que el «uso de centros de recepción improvisados para alojarlos y el hacinamiento extremo agravó las malas condiciones de los centros ya existentes» y que los derechos fundamentales de los menores llegados se vieron amenazados al verse superada la capacidad de acogida de las islas.