MADRID. Amnistía Internacional (AI) reclama una comisión independiente que investigue las «numerosas» denuncias de vejaciones a detenidos en sedes policiales. El informe anual de la organización, presentado ayer, señala además entre los puntos negros de los derechos humanos en España la «impunidad» de las muertes de inmigrantes en la frontera con Marruecos

«Se dictan órdenes de expulsión contra migrantes indocumentados, a los que se deja sin sustento ni medios de regularización de su situación», denuncia la asociación, que también muestra su inquietud por el escaso número de refugiados que logran protección en España: en los primeros seis meses de 2006 – explica el informe – se registraron 2.504 solicitudes de asilo, de las que 2.165 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.

AI repasa la situación de «hacinamiento extremo» en los centros «improvisados» de internamiento de Canarias tras la llegada masiva el pasado verano de 31.245 sin papeles. Según la organización, la Administración se vio sobrepasada: se aceleraron las devoluciones, apenas se estudiaron los casos de asilo y se llegó a «restringir la asistencia letrada y los servicios de interpretación».

Sin embargo, el motivo de mayor inquietud de Amnistía Internacional de la extranjería en España es la «impunidad» de las muertes de 16 inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla en septiembre y octubre de 2005 y julio de 2006. El director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, aseguró que sobre esos asesinatos «no ha habido una investigación que merezca tal nombre». Según el informe, «el Gobierno no pidió a Marruecos explicaciones por las muertes ocurridas en la frontera».

No obstante, la principal preocupación de AI es que «sigue habiendo informes de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», una situación que «se ha visto agravada por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes». El estudio subraya que «funcionarios del Estado» están detrás de «uno de cada tres casos denunciados de violencia racista». AI incluye en su estudio casos detallados de malos tratos en sedes policiales como el caso Roquetas. Beltrán insistió en que las denuncias por estos malos tratos son sistemáticamente archivadas o se encarga su investigación a personas implicadas en los hechos. Por ello, pidió una comisión de investigación compuesta por jueces y policías, controlada por el Parlamento. COLPISA



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