En su informe anual, afirma que los inmigrantes son expulsados sin garantías judiciales La ONG pide crear una agencia independiente que investigue «la impunidad de los agentes» Amnistía Internacional (AI) denunció ayer la existencia de tortura y malos tratos policiales en las comisarías españolas. Además, expresó su preocupación por la situación de los inmigrantes que llegan a España, ya que, a su juicio, son expulsados «sin derecho realmente a una supervisión judicial» y sufren «malos tratos y detenciones ilegales por parte de las Fuerzas de Seguridad».

Según el informe sobre el estado de los derechos humanos correspondiente a 2006, el maltrato a manos de los funcionarios existió y se vio agravado por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes. Así lo afirmó el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, que se refirió a un estudio de la ONG SOS Racismo que asegura que, en uno de cada tres casos de violencia racista, los responsables son los funcionarios del Estado.

La memoria recoge varios casos de malos tratos policiales, entre los que destaca el de una mujer que recibió un puñetazo por parte de un agente de la Policía al intentar impedir una detención en Barcelona en junio de 2006. Según AI, la mujer fue trasladada a una comisaría, donde cuatro agentes la golpearon repetidamente causándole múltiples lesiones.

320 casos

La organización defensora de los derechos humanos criticó, además, la impunidad de los maltratadores en los casos de violencia policial. «Es increíble que los agentes del cuerpo implicado fuesen los que investigaron lo sucedido», recalcó Beltrán en referencia al caso Roquetas, en el que Juan Martínez Galeano falleció en julio de 2005 tras ser maltratado por varios agentes de Policía en el cuartel de Roquetas de Mar (Almería). Beltrán exigió la creación de una agencia independiente para investigar la «impunidad policial». Entre 1995 y 2002, Amnistía registró hasta 320 casos de malos tratos, detenciones ilegales y abusos en régimen de cautividad contra inmigrantes.

Recordó que España ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en abril de 2006, pero que, a pesar de ello, se llevaron a cabo prácticas como la detención en régimen de comunicación, condenadas por el relator especial de la ONU por considerar que «aumentaban el riesgo de tortura y maltrato». Respecto a la situación de los inmigrantes y los solicitantes de asilo, Esteban Beltrán aseguró que «hay aspectos que han mejorado, pero la gravedad persiste por ejemplo en el caso de los indocumentados, a los que se sigue expulsando».

AI basa sus afirmaciones en los datos del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), que señalan que, de las 2.504 solicitudes de asilo recibidas en los seis primeros meses de 2006, 2.165 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.

Amnistía cifra en más de 31.000 el número de inmigrantes indocumentados que arribaron a Canarias en 2006 procedentes de Africa occidental – siete veces más que en 2005 – . Las autoridades utilizaron centros de acogida improvisados para alojarlos, lo que provocó el hacinamiento de los recién llegados. La situación se agravó ante el acelerado proceso de devolución y el acceso restringido a los servicios de traducción.

Amnistía denunció, además, que no se ha «identificado y castigado» a los culpables de la muerte de al menos 13 inmigrantes en las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos. Otra preocupación que destaca el informe es la violencia de género, que el año pasado se cobró la vida de 86 mujeres. De ellas, 68 fueron asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.

Estados Unidos, «motor del retroceso de las libertades»

Y. B.

A tan sólo un año para que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre celebre su 60º aniversario, los derechos humanos sufren un progresivo deterioro debido a la política del miedo impuesta por los gobiernos y los grupos armados.

«El cordón umbilical de este informe es el miedo que los estados implantan en la población», aseguró ayer el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, que acusó a Estados Unidos de ser «el auténtico motor del retroceso de libertades en países democráticos consolidados». Exigió, además, «una estrategia que derrote el miedo» y una reforma de las instituciones de la UE en materia de derechos humanos.

El informe, que abarca 153 países, distingue cinco aspectos dentro de la estrategia del terror con la que, según AI, se coacciona a la población: la llegada de inmigrantes, los atentados terroristas, los ataques contra la libertad de expresión, la criminalidad y el miedo al diferente.

AI revela una tendencia negativa, ya que en 2006 florecieron las violaciones de los derechos humanos, aumentaron los ataques racistas y, a día de hoy, continúan abiertos 20 conflictos armados – 12 de ellos en el continente africano – .

Irán, Irak, Estados Unidos, China y Arabia Saudí lideran el ranking de países que más veces aplicaron la pena de muerte el pasado año, mientras que en China se intensificó la represión gubernamental contra los medios de comunicación. Asimismo, se estableció un listado de asuntos sobre los que los periodistas chinos tienen prohibido informar, como, por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos.