En Bilbao, los datos oficiales señalan que el pasado año la delincuencia bajó un 3% y que la tasa de delitos contra el patrimonio – suponen el 90% de los actos delictivos – se sitúa en 48 casos por cada 1.000 habitantes, frente a los 49 de media en España. “Es una ciudad segura”, afirma el alcalde Iñaki Azkuna. Pero los partidos de la oposición, PP y PSE, aventan la “sensación de inseguridad” creciente de vecinos y comerciantes.

Datos al margen, la realidad es que el gobierno municipal se ha visto obligado a implantar medidas. Primero fue la llamada guerra al navajero puesta en marcha en 2005, que el pasado año posibilitó el decomiso de 418 armas blancas. Luego ha sido la simplificación de las denuncias por robo que presenten los comerciantes y el despliegue de más patrullas policiales en barrios céntricos como Abando e Indautxu, la única zona de donde los delitos crecieron un 3% el pasado año, según el informe oficial. Y en enero se anunciaron las multas de 300 euros a quienes se peleen en las calles.

“Preocupación sí, alarma no”, asegura el concejal bilbaíno de Seguridad Ciudadana Eduardo Maíz, quien agrega que el mayor quebradero de cabeza para las autoridades es ahora el aumento de la violencia en los robos y asaltos. En enero hubo dos casos de secuestro exprés, en los que las víctimas fueron retenidas varias horas por los delincuentes para sustraerles dinero o pertenencias personales, algo inédito hasta ahora en la capital vizcaína. Pero no han ido a más, al ser detenidos los responsables.

“Creo que Bilbao es una ciudad segura en comparación a otras, pero también, que ha ido a peor”, afirma Txema Oleaga, el candidato socialista a la alcaldía. “Más policías en la calle y con uniforme. Lo que antes veíamos por la televisión está llegando a nuestra ciudad”, apunta Antonio Basagoiti, el cabeza de lista del PP. El de la seguridad se ha convertido en uno de los temas de la campaña y los partidos se han lanzado a prometer más policías locales: 100 el PNV, 250 el PP y más de mil el PSE.

En el caso de San Sebastián, la delincuencia sólo fue motivo de una gran controversia entre partidos, y de protestas vecinales y de comerciantes, en 2004. El incremento de la delincuencia y las violaciones en la Parte Vieja donostiarra forzaron a su alcalde a tomar las riendas del asunto. Este barrio, donde viven 9.000 personas, se convirtió en los primeros meses de 2004 en un foco de disturbios callejeros y delincuencia casi permanente. En esos primeros cuatro meses, la Guardia Municipal realizó 535 actuaciones (casi cinco diarias), practicó 44 detenciones y decomisó 42 armas y objetos peligrosos, además de una importante cantidad de sustancias estupefacientes.

El actual concejal donostiarra de Seguridad Ciudadana, Ernesto Gasco, defendió entonces la necesidad de “una actuación de conjunto” con la participación de la Guardia Municipal, la Ertzaintza, el Gobierno central, los jueces y fiscales y el Servicio de Bienestar Social. Gasco llevó a la Junta de Seguridad su apuesta por “un observatorio de trabajo permanente” donde estuvieran representadas todas las instituciones citadas. Y la experiencia, que duró un año, no ha sido mala: juntar a los responsables del Consistorio con los hosteleros, los comerciantes, la Guardia Municipal, Extranjería y Cáritas.

No se sabe muy bien si por el trabajo del observatorio o por otras razones, lo cierto es que la sensación de inseguridad ha bajado en esta zona de la capital donostiarra. Los comerciantes, hosteleros – estos últimos se han vuelto a reunir con Gasco recientemente – y vecinos no han vuelto a clamar en la plaza de la Constitución, hartos como estaban entonces de agresiones físicas, amenazas con arma blanca, vejaciones, robos y tráfico de drogas. Una protesta que tuvo también su connotación un tanto racista, al implicar a determinados inmigrantes con todos los delitos que se producían. Incluso se llegó a hablar por parte de algunas policías de bandas organizadas de magrebíes, sin negar que algunos de los detenidos son inmigrantes sin papeles. Pero las aguas volvieron finalmente a su cauce.

No se ha vuelto a producir un repunte de este tipo de delitos, ni de esta gravedad, en la zona y tampoco este tema ha sido utilizado por la oposición para desgastar a Elorza durante el resto de su mandato. Y la Guardia Urbana, al igual que los agentes locales de Bilbao y Vitoria, tiene ahora otro frente que combatir: el botellón.

Al margen del debate sobre el incremento de la delincuencia y la denominada guerra al navajero de la que alardea el candidato del PNV en Bilbao, Iñaki Azkuna, hay un asunto que está encima de la mesa de Eudel: que las policías locales de Euskadi puedan reclasificar a sus casi 3.000 agentes de la Escala Básica en el grupo C de la Administración. Este paso, que les daría a los policías locales la nueva situación administrativa que ya tienen los ertzainas tras la firma del último convenio, puede implicar para los beneficiarios una subida de 1.730 euros anuales.

Con la creación por parte del Departamento de Interior de la Dirección de Coordinación de Policías Locales, cuyo responsable es, desde enero de 2006, Juan José Olabarria, se pondrá encima de la mesa de los nuevos consistorios un viejo asunto todavía irresuelto: la coordinación policial y la delimitación final de competencias en el País Vasco del siglo XXI.