- La fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ) denuncia que la falta de medios y de plazas en centros de atención impide actuar en todos los casos de menores que se encuentran es situaciones de riesgo. El asunto, que se expone en la memoria del 2006 de la institución, se agrava cuando, además, el menor sufre algún trastorno mental.

El informe señala que cuando los servicios sociales detectan a un menor en situación de riesgo – por ejemplo por violencia en la familia- el tiempo es fundamental para impedir que se fustre la iniciativa, pero “en bastantes casos se pide y faltan plazas” en los centros de la Dgaia (dirección general de Atenció a la Infància i a l´Adolescència). “La situación es gravísima”, dice la memoria, “porque se concreta y se valora el riesgo en que se encuentra el menor, y a pesar de ello y con pleno conocimiento, no se procede a su ingreso en el centro, permitiendo que continue la situación denunciada sin tomar ninguna medida”.

La denuncia continua, pues se señala que “más incomprensibles resultan aquellos casos en que el menor padece algún tipo de alteración o enfermedad mental” que necesita de un centro especial, pues de éstos sólo hay dos para niños deficientes y uno para enfermos patológicos.

Los datos estadísticos que se adjuntan en la memoria expresan que en la fiscalía hay 7.052 expedientes de niños tutelados, de los cuales están internos en centros 2.362 y otros 4.690 se hallan en atención de familias.

Fuentes de la direcció general de Atenció a la Infància i a l´Adolescència aseguraron que “no siempre los menores con problemas deben ingresar en centros, sino que la mayoría son acogidos por familias extensas o ajenas”. La Dgaia recuerda que el año pasado se crearon un total de 148 nuevas plazas en centros, lo que supuso un aumento del 7% y que hasta el año 2010 está previsto crear 300 plazas residenciales más y otras cien en régimen de acogida. Respecto al tema de los enfermos mentales, se reconoce que es un problema común a todo el colectivo, no sólo a los menores, y que está en marcha un proyecto, entre los departamentos de Salut y Acció Social, para crear equipos de terapeutas que trabajarán en centros donde haya jóvenes con este tipo de problemas.

También en el ámbito de los menores, pero ya en el terreno de los delitos, la memoria señala que en el año 2006 los juzgados especializados dictaron 2.022 sentencias, de las cuales 1.808 fueron de conformidad con los planteamientos del ministerio público, mientras que 289 fueron absolutorias.

Siguiendo con los datos estadísticos, se explica que de los 5.599 menores condenados en sentencias (hubo 5.773 en el 2005), el 68% eran españoles y el resto extranjeros. Proporción similar se sigue si se revisan los menores imputados en expedientes (6.188 en el 2005), eran españoles el 68,08%. Y por lo que se refiere a los menores implicados en diligencias preliminares, se explica que fueron 12.624 (13.119 en el 2005), siendo el 62,42% españoles. Por lo que respecta a los foráneos, predominan sobre todo los marroquíes, seguidos de los rumanos y de los ecuatorianos.

La memoria hace una mención a la problemática de las bandas juveniles. En el 2006 los latin kings se transformaron en asociación cultural y dejó de delinquir. Los ñetas, el otro grupo importante, está siguiendo un proceso similar, y su actividad tampoco ha sido destacada en el campo del orden público. Por último, se explica que puede existir una pandilla de origen latinoameriano en Castelldefels, pero en el 2006 no ha causado problemas.