Madrid- En el sexto piso del número 208 de la calle Marqués de Montroi, en Badalona, viven 16 inmigrantes en 55 metros cuadrados. «Tienen habilitada cama hasta en el balcón», se queja Diego Justicia, presidente del barrio de San Roque, en la localidad barcelonesa. Es sólo un ejemplo de los más de 350 «pisos patera» o viviendas sobreocupadas por inmigrantes que concentra Badalona, una localidad de 217.000 habitantes a tan sólo 10 kilómetros de Barcelona que en sólo cuatro años ha pasado de tener un tres por ciento de población foránea a un 15, aunque en algunos barrios del municipio el porcentaje supera el 18 por ciento.
La situación es especialmente dramática en el barrio de San Roque, donde están empadronadas 15.293 personas de las que 5.369 son inmigrantes y hay más de 200 pisos sobreocupados por extranjeros, según las estimaciones de los vecinos. «En cada comunidad hay uno», denuncia el presidente de la asociación que agrupa a los residentes. En una vivienda de pocos metros cuadrados «lo mismo te encuentras improvisadas guarderías para niños chinos que pensiones o hasta ocho personas durmiendo en una habitación de seis metros cuadrados. Los gastos de ascensor, luz y limpieza se multiplican al haber más personas ocupando las casas». Según sus cálculos, «hay 200 viviendas sin seguro de responsabilidad civil y comunidades enteras enganchadas a la luz con pinzas, como ocurre en la calle Santa Juana de Lestonnac, número 1-3. En el 5º viven cuatro matrimonios extranjeros sin luz ni agua y han propuesto a su vecino engancharse a su toma a cambio de hacerse cargo de la factura».
Lo cierto es que los «castellanos», como llama Diego Justicia a los autóctonos, se marchan. Cada año se venden en este barrio del orden de 110 viviendas. «Corremos el riesgo de que San Roque se convierta en un gueto de inmigrantes y gitanos que viven hacinados de forma indigna», añade. Un caso similar es el que registra el barrio de Artigas, donde un censo vecinal llegó a cifrar en 53 los «pisos patera» entre un millar de viviendas y locales que hay en el barrio. «Los “sin papeles” no pueden alquilar pisos, así que otros compatriotas han encontrado un buen negocio alquilando habitaciones a los que están en situación ilegal» dice el presidente de la asociación vecinal, Ángel Vendrell.
El candidato del PP a la alcaldía de Badalona, Javier García Albiol, ha recogido la queja vecinal en su programa electoral y promete acabar con los «pisos-patera». «Nosotros creemos que hay alrededor de 600, pero el Ayuntamiento (gobernado por el tripartito), sólo reconoce 100 y aquí las mafias se sienten cómodas para poder actuar porque no se persigue al propietario de la vivienda», explica.
El cabeza de lista popular también ha denunciado que la Corporación municipal aprobara hace cuatro años (con oposición del PP) una propuesta por la que el Ayuntamiento se comprometía a no facilita datos de inmigrantes irregulares a la Policía, cuando una de las reformas de la Ley de Extranjería de 2003 permitía a los agentes el acceso a la información que manejan los ayuntamientos.
El caso también fue denunciado por el sindicato policial CEP. «El padrón municipal se ha convertido en un negocio porque es una fuente de ingresos. A los ayuntamientos les interesa que se empadronen los que se encuentran en situación irregular, pero luego se niegan a facilitar las fotocopias de los pasaportes a la Policía para que pueda expulsar a los indocumentados», dijo su portavoz, Rodrigo Gavilán.
No hay datos centralizados que revelen cuántos pisos sobreocupados hay en España. Las últimas cifras que maneja el censo datan de 2001 y en ese año había 14.184.026 casas de las que 21.482 estaban habitadas por diez o más personas. Entre éstas se registraron 452 pisos en los que vivían una decena de personas en 30 metros cuadrados, según informó el INE.