Desde senadores y congresistas hasta los think tanks (creadores de pensamiento y opinión), pasando por la amplia gama de periodistas de la que goza en radio, prensa, televisión e internet, la derecha estadounidense se ha movilizado para impedir que salga adelante el proyecto de ley de reforma de la inmigración que un grupo de senadores de ambos partidos y la Casa Blanca han pactado, y cuyo proceso legislativo empezó el lunes en el Capitolio. Como los extremos se tocan, la izquierda y las asociaciones de hispanos también se oponen al texto, aunque por razones opuestas: si unos piensan que es una amnistía, los otros la consideran insuficiente.
En el delicado asunto de la inmigración, la sociedad de EEUU solo está de acuerdo en una cosa: la situación no puede continuar como hasta ahora. Doce millones de personas trabajan y residen de forma ilegal en el país y este año se han disparado los raids de deportación de sin papeles que en muchos casos tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Por una vez, George Bush no se alinea con la parte más conservadora y apoya una reforma que considera parte de su legado presidencial.
El texto pactado prevé legalizar a los 12 millones de sin papeles llegados al país antes del 2007, endurecer los pasos fronterizos (muros incluidos), limitar la inmigración basada en la reunificación familiar, perseguir a los empresarios que empleen a inmigrantes ilegales, establecer un sistema de méritos para los extranjeros que quieran inmigrar a EEUU y organizar un programa de empleo temporal, por el cual se podría trabajar en el país durante dos años y después habría que regresar al país de origen.
La derecha lo tiene claro: “La ley es una amnistía pura y dura”, dijo el senador de Luisiana David Vitter. En su tono apocalíptico habitual, la parte más conservadora del país alerta contra la recompensa que recibirán los delincuentes (en referencia a los sin papeles detenidos por haber cometido algún delito), auguran efectos devastadores para la seguridad nacional y la economía y exigen defender el inglés como el idioma nacional de EEUU. Una amalgama conservadora – nacionalista, a la que se añaden los empresarios, que califican el programa de trabajadores temporales como irrealizable.

INCENTIVAR LA ILEGALIDAD
En sus antípodas se sitúan los que creen que la ley se queda corta y empeora aún más la situación. La Liga de los Ciudadanos Latinoamericanos Unidos se opone a la limitación de la reunificación familiar y acusa al texto de deshumanizar a los trabajadores y de incentivar la ilegalidad, ya que sostiene que los que se apunten a los programas de empleo temporal preferirán quedarse como ilegales antes que regresar. Voces más centristas, como el del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, sostienen que la ley crea “una permanente subclase de gente que viene a trabajar en trabajos de clase baja y no tienen la oportunidad de establecerse ni de prosperar, al serles negadas las oportunidades de la ciudadanía americana”. Vamos, que convertiría a EEUU en una especie de Kuwait: dependiente de una mano de obra barata y extranjera que nunca tendría derechos. La negación el sueño americano.