Fuertemente criticado desde la derecha y la izquierda, el reciente acuerdo entre los líderes de ambos partidos en el Congreso y la Casa Blanca sobre una nueva política de inmigración inició esta semana un durísimo recorrido en el Capitolio, tan duro que incluso existe el riesgo de que nunca llegue a convertirse en ley. La votación en el Senado se ha retrasado ya un par de semanas, y pueden pasar meses hasta que se logre la mayoría suficiente en la Cámara de Representantes.

Estas dificultades son en gran medida la prueba de la trascendencia de esta legislación, que permitiría la regularización de 12 millones de inmigrantes ilegales y crearía un nuevo marco para la entrada de trabajadores extranjeros en EE UU. Fuerzas políticas y movimientos ciudadanos se han movilizado como pocas veces para hacer frente a una iniciativa que afectaría considerablemente a las reglas de convivencia en esta sociedad y que puede tener un impacto muy considerable en las elecciones del año próximo. “El mundo nos está observando para ver cómo respondemos a esta crisis [la inmigración ilegal]; no les decepcionemos”, ha declarado el hombre que tejió durante meses los detalles del acuerdo, el senador demócrata Edward Kennedy.

El lunes por la noche, el Senado aprobó por 69 votos contra 23 que el texto del compromiso de acuerdo alcanzado la semana pasada sea discutido en esa Cámara como proyecto de ley. El debate previo, no obstante, dejó en evidencia el rechazo que esta propuesta provoca. Incluso muchos de los que votaron a favor advirtieron que lo hacían únicamente para introducir en el proyecto múltiples y drásticas enmiendas.

Sustancialmente, las críticas procedentes de la izquierda son las de los sindicatos, que temen que el programa de trabajadores temporales previsto por esta legislación genere una clase proletarizada que abarate el mercado laboral, y las de la derecha son las de una mayoría de senadores y representantes republicanos que denuncian que se trata de una masiva regularización encubierta y que se premia a quienes han infringido la ley entrando en el país sin permiso.

A todos ellos se suman las organizaciones de trabajadores latinos, representantes de la mayoría de los ilegales, que se quejan de las restricciones que la nueva ley impondría para la concesión de visados por reunificación familiar. La posición de estas organizaciones se ve matizada, no obstante, por el hecho de que son las más interesadas también en una nueva ley de inmigración para sacar de la clandestinidad a millones de latinos.

El presidente George Bush, que se comprometió en su reciente viaje a México a tener en vigor la nueva legislación antes del verano, respalda el acuerdo logrado con el Congreso y está ansioso por firmar lo que seguramente sería el último y uno de los escasos logros de su segunda Administración.

Nos encontramos, pues, en la fase de una difícil negociación, de nuevo sobre un asunto capital en Estados Unidos. El senador Kennedy se muestra abierto a introducir cambios en su proyecto. “Todos los que hemos trabajado en esto”, dijo, “sabemos que hay elementos que respaldamos firmemente y otros que pueden ser mejorados; nadie cree que es una ley perfecta”.

Entre otros aspectos polémicos, este proyecto obliga a los cabezas de familias ilegales a regresar a sus países para solicitar allí visado norteamericano para todo el conjunto familiar, después de pagar multas de varios miles de dólares. Para los próximos inmigrantes se crea un visado especial de trabajo temporal que permite una estancia legal de dos años y que puede ser renovado hasta tres veces con la condición de haber pasado un año en el país de origen entre cada nueva solicitud.

Los que soliciten permisos de residencia permanente y ciudadanía norteamericana serán juzgados de acuerdo a un nuevo sistema de puntos en el que se tendrán en cuenta tanto la reunificación familiar como el nivel de formación y de conocimiento de inglés del aspirante. Una de las enmiendas en marcha pretende incluir el inglés como idioma oficial de EE UU.