Un total de 111 menores extranjeros fueron repatriados el pasado año, según consta en la respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de CiU Carles Campuzano. Aunque se refiere a repatriación, en realidad el Ejecutivo sólo puede retornar a un menor a su país de origen a través de la reagrupación familiar o de la búsqueda de un centro de acogida en ese Estado. Así, los menores extranjeros no acompañados, amparados por la ley de Protección Jurídica del Menor y la Convención de los Derechos del Niño, deben ser tratados como menores y no como inmigrantes. Este hecho obliga a las comunidades autónomas a tutelarlos cuando son detectados y al Gobierno a proceder a la investigación de sus lazos familiares para determinar cuál es la mejor solución en función del “interés superior del menor”. Mientras tanto, a los nueve meses de su estancia en España la autoridad gubernativa debe proceder a su documentación, de modo que el menor no llegue a la mayoría de edad en España y se convierta en un inmigrante irregular. Por el contrario, en caso de localizar a su familia, las autoridades españolas, en colaboración con las de origen, deben determinar si su reintegración familiar es más beneficiosa que su estancia en el país de acogida o si existe un centro en adecuadas condiciones para atenderlo.

En reiteradas ocasiones, el Defensor del Pueblo ha manifestado su deseo de que el menor sea escuchado durante el proceso, así como asistido por un abogado defensor además del fiscal de menores. España ha suscrito convenios de reagrupación de menores con Marruecos, Rumanía y Senegal. Precisamente, el pasado año alrededor de 800 menores no acompañados llegaron a Canarias en cayucos.