La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que en las próximas semanas arribarán más embarcaciones con inmigrantes clandestinos desde la costa africana, y apuntó al cambio producido en las rutas de llegada.

En su exposición de un informe conjunto de Exteriores, Justicia e Interior sobre cooperación con el Magreb presentado al Consejo de Ministros, explicó que “tradicionalmente el esfuerzo de cooperación con el Magreb en materia de inmigración se centraba en Marruecos, pero la ruta se ha deslizado a la fachada atlántica del continente”.

“Estamos actuando en consecuencia; sabemos que en las próximas semanas van a seguir llegando embarcaciones y no podemos cerrar los ojos a ese problema, el problema está ahí y necesitamos someterlo a un análisis continuo”.

El informe afirma que la “fluida relación con Marruecos y Argelia ha permitido la reducción en un 40 por 100 en el último año de las llegadas de embarcaciones a las costas andaluzas”, y añade que en la lucha contra inmigración ilegal es esencial “el efecto disuasorio de repatriaciones, la interlocución fluida con autoridades y la eficacia del SIVE en el Estrecho”.

El resultado es que el número de detenidos por las seis comandancias costeras andaluzas entre enero y marzo de 2007 fue de 808 frente a los 1.825 de 2006, una bajada del 55 por 100. Según la ministra, el informe evidencia la existencia de redes de tráfico de personas “cada vez más eficaces”, lo que exige “reforzar la cooperación internacional”.

En este sentido insistió en que la cooperación con África “va más allá del frente policial o del control de fronteras: para frenar esta inmigración son imprescindibles las políticas de cooperación en lo económico, el diálogo político y la cooperación al desarrollo”.

Anunció la concesión de un crédito FAD de 100 millones de euros a Marruecos para la construcción de una central eólica, y una cantidad igual a Ghana para sus centros hospitalarios.

Perseguir a las mafias

El Consejo de Ministros recibió ayer un informe del ministro de Justicia sobre el anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir “extraterritorialmente” el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.

Según informó el Gobierno, los tribunales españoles no tienen en estos momentos jurisdicción extraterritorial para la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de hechos, salvo si el tráfico de seres humanos detectado en aguas internacionales está orientado a la explotación sexual de los mismos.

Cuando quede aprobada tal modificación, España podrá enjuiciar el tráfico ilegal de seres humanos y dar el necesario trato humano a los inmigrantes y proteger plenamente sus derechos “a la vista del inabarcable flujo migratorio de nuestro país”. Permitirá perseguir “fuera de España” estos delitos y a los delincuentes.