El Gobierno ha decidido endurecer su política de inmigración con una campaña de expulsiones masivas para frenar el flujo ilegal, que se ha intensificado con la llegada del buen tiempo. Según anunció ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 750 ‘sin papeles’ llegados a Canarias durante la última semana han sido ya repatriados a sus países. Sólo en la noche del sábado al domingo fueron devueltas a Senegal 600 personas, una operación masiva que, en su opinión, debe ser entendida como un «mensaje inequívoco para las mafias: quien entra irregularmente a España, lo más probable es que vuelva a su país de origen».

Pese a reconocer que es un tema «personalmente duro», Rubalcaba insistió en que esta advertencia «debe quedar bien clara». Antes de participar en un mitin en Vigo, el titular de Interior detalló que esta operación de repatriación multitudinaria ha sido posible gracias a la «inestimable» ayuda del Gobierno de Dakar. De hecho, los 600 ‘sin papeles’ devueltos en las últimas horas eran de nacionalidad senegalesa y llegaron a Canarias en la masiva oleada de hace una semana, la mayor del año hasta la fecha.

A este grupo, precisó, hay que sumar otros 150 inmigrantes procedentes de Marruecos, Mauritania y Guinea – Bissau, que ya han sido trasladados a sus países en los últimos siete días. El ministro confirmó que a lo largo de esta semana serán enviados a sus lugares de origen el resto de los extranjeros que llegaron en la última avalancha hasta el archipiélago canario.

Según los cálculos oficiales, desde que el pasado 10 de mayo mejorara el buen tiempo y comenzara la llegada masiva de embarcaciones, algo menos de 1.500 inmigrantes – la inmensa mayoría, subsaharianos – han alcanzado las islas. Por tanto, hasta el momento, el Gobierno habría repatriado a la mitad de los extranjeros arribados este mes. Sólo entre el 10 y el 15 de mayo, la semana más intensa, tocaron tierra 1.150 indocumentados procedentes de Mauritania y Senegal.

111 menores

El drama de la inmigración ilegal cobra especial crudeza en el caso de los menores, apenas unos niños que se ven desarraigados en tierra extraña tras una terrible travesía. El pasado año, el Gobierno repatrió a 111 adolescentes, según la respuesta a una pregunta parlamentaria de Carles Campuzano (CiU). Aunque utilice el término ‘repatriación’, en realidad el Ejecutivo sólo puede devolver a un menor a su país a través de la reagrupación familiar o de la búsqueda de un centro de acogida en su lugar de origen.

Amparados por la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Convención de los Derechos del Niño, estos adolescentes deben ser tratados como menores y no como inmigrantes. Este hecho obliga a las comunidades autónomas a tutelarlos cuando son detectados y al Gobierno a investigar sus lazos familiares para determinar cuál es la mejor solución en función del «interés superior del menor».

España ha suscrito convenios de reagrupación de menores con Marruecos, Rumania y Senegal. Precisamente, la llegada de 800 muchachos el año pasado llegó a saturar los centros de Canarias. Tras la petición del Gobierno del archipiélago, el Ejecutivo se comprometió a trasladar a la Península a 500 menores.