UN EMPRESARIO que ofrece un trabajo inaceptable para un español. Un corredor, que es inmigrante. Dinero por anticipado. «Crónica» revela con casos cómo funciona Cuánto pagaría usted por no jugarse la vida en una patera? ¿Qué parte de su cuerpo sacrificaría para devolver la vida a su hermano muerto? ¿Hasta dónde se endeudaría para evitar una nueva tragedia familiar?

Sí, ya sabemos que ya tiene usted suficientes problemas para plantearse preguntas imposibles. Pero, póngase en la piel de Lahcen Ouhaddou, marroquí, 33 años, aunque sea sólo mientras le contamos su historia. Lahcen pagó casi medio millón de las antiguas pesetas por un sitio en la patera que le trajo a España en 2001. También puso parte de lo que pagó su hermano Alí, dos años después, para morir ahogado en una barcaza que naufragó frente a las costas de Cádiz. Y fue Lahcen de nuevo el que consiguió los 2.000 euros que le costó devolver a sus padres el cadáver de Alí casi un año después de la catástrofe. Y sólo es un inmigrante…

Lahcen sigue poniendo ladrillos sin parar en una obra de Valencia. Es extremadamente honrado, tiene una mirada luminosa y un espíritu bueno. Y los papeles en regla. Suficiente para que sus jefes le aprecien. Y para tener crédito en el banco. De uno de ellos obtuvo los 10.000 euros con los que compró un contrato para que su hermano Mohamed, 31 años, pudiese venir a España en avión y con el permiso de residencia en el bolsillo. Sin arriesgar la vida, sin ensuciarse, sin rezos al llegar a la aduana… El sueño de todo inmigrante. ¡Menudo lujo!

Sí, ha leído bien: ¡comprar contratos! Ésa es la solución que las mafias que trafican con inmigrantes han encontrado para sortear los radares y las patrulleras europeas desplazadas a la costa africana. Cuestan el doble que una plaza en una patera pero es más seguro. Y cuentan con la colaboración de empresarios españoles que están ganando mucho dinero con este sistema.

Con Mohamed ya trabajando en algún lugar de León cuidando vacas, Lahcen accede a contarnos, por lo menos, los pasos que dio para traerle. De momento, sigue poniendo ladrillos a toda máquina para poder ganar lo antes posible 10.000 euros más para comprar otro contrato a su hermano Salah, 24 años, que espera impaciente en su aldea del Atlas marroquí. Y después vendrá Said, que ya tiene 20 años, y está como loco por salir del pueblo…

«El negocio está creciendo y cada vez piden más dinero. Con Mohamed estaba todo incluido pero ahora me dicen que tengo que pagar los gastos aparte – visado, transporte, comida, estancia y los 150 euros que pide el tipo que presta su casa para el empadronamiento ficticio – casi 1.000 euros más», explica Lahcen como si estuviese hablando de un crucero a Punta Cana, de esos all included y pulserita en la muñeca.

- ¿Y vale la pena matarse a trabajar para tanto trapicheo?

«Ya he perdido un hermano. Prefiero pagar a la mafia para que me traiga al resto de mi familia con vida. Aunque eso no quita que sean unos ladrones y que por eso acceda a hablar contigo. ¿Tú que harías en mi caso?». ¡Ay Lahcen! ¡Qué difícil ponerse en tu caso! Resulta que a mí no me piden visado cuando cruzo una frontera; que yo estoy en el lado del mar que ve encallar las pateras y no en el que las despide; resulta que si dejase de juntar letras como tú ladrillos tendría derecho a más de un año de paro y que mi piel es blanca y no tostada como la tuya. Y, además, a mí ningún empresario español me vendería un contrato como a tí. ¿Cómo lo conseguiste?

«Hay muchos inmigrantes que se dedican a eso. Se les llama corredores y hacen de intermediarios entre empresarios y trabajadores. Yo fui a uno y le dije que quería traer a mi hermano. Él habló con un ganadero de León con el que estuvo trabajando y que ya ha traído a más gente de esta manera y cerraron el trato. Tuve que ingresar 2.500 euros en la cuenta de otro marroquí perteneciente a la red que fue el encargado de pagar al empresario en metálico. Así no queda rastro. Es lo que llamamos fianza», explica Lahcen.

Con ese dinero, el español se empieza a mover. Acude a la oficina correspondiente del Ministerio de Trabajo y ofrece un puesto determinado pagando muy poco – 300 euros mensuales, por ejemplo – para que no se cubra en España. En ese caso, esa oferta entra en el Catálogo de Trabajos de Difícil Cobertura que tienen prioridad a la hora de la contratación y que acoge ofertas destinadas a trabajadores concretos, con nombres y apellidos, indicados previamente por el corredor.

«Cuando el Ministerio dio el visto bueno a la solicitud y la mandó al consulado de Casablanca para su tramitación, el empresario cobró otros 2.500 euros por el mismo método. Y el corredor 5.000 euros que le tuve que entregar en mano. Con ese dinero él se encargó de pagar los gastos y al resto de los miembros de su red», añade Lahcen.

Su hermano llegó en noviembre con el contrato para trabajar de ganadero, una tarjeta de residencia con validez para un año y el primer mes de cotización a la Seguridad Social sellado. Pero ni siquiera llegó a ver su puesto de trabajo. El empresario le despidió inmediatamente, por escrito, sin verle siquiera, sin indemnización y sin explicaciones. Pero Mohamed tenía lo más preciado: una tarjeta de residencia. A las pocas semanas encontró un trabajo y ahora cuida vacas en algún lugar de León por 800 euros mensuales.

Lahcen no quiere darnos más datos: ni el nombre del empresario, ni el de su hermano: «No puedo llegar más allá. Compréndelo. Es peligroso y, además, no tengo pruebas porque todo esta hecho para que no las haya. Comprendedme por favor…». Tranquilo Lahcen. Has hecho mucho más que la mayoría. El dilema ético que te planteas – apoyar esta situación mafiosa a cambio de evitar más muertes en el Estrecho – no nos es ajeno. Tú, por lo menos, das la cara.

«Pero la mayoría no denuncia. Y los pocos que lo han intentado se enfrentan a lo que la Ley llama Principio de Territorialidad: como, en teoría, el delito se ha cometido en Marruecos, no se puede hacer nada. Y si a esto le añadimos la impunidad que existe en los despidos – se puede despedir dentro del periodo de prueba sin previo aviso – y la falta de seguimiento por parte de la Administración, que no controla lo que pasa con las tarjetas de residencia que expide, es casi imposible controlar este engaño», asegura Gracia Herrera, desde el Departamento de Inmigración de UGT.

EL EMPRESARIO ESPAÑOL

Intentaron lincharlo por estafador

El pasado 10 de enero, un barullo sacudió la sempiterna tranquilidad de la calle de Hauma Tanyaua (Calle de los tangerinos) de Tetuán. Cinco marroquíes la emprendieron a insultos, bofetadas y patadas contra un hombre que más tarde fue identificado como Juan Antonio Ramiro, de 56 años, natural de Granada y afincado en el pueblo costero de Azla.

Ramiro, con su residencia fijada en este pueblo, era uno de los pequeños empresarios españoles más conocidos por la gente pobre en los pueblos que rodean la capital del antiguo protectorado español. Y no porque ofreciese trabajo, dinero o cooperase con una ONG. Realmente era distinguido por algo bien distinto: pedir dinero a los candidatos a emigrar a España a cambio de un contrato de trabajo aquí. El problema añadido es que sus ofertas de trabajo ni siquiera eran legales.

Alertada por un testigo, la policía marroquí procedió al arresto de todos los alborotadores – salvándole probablemente la vida al español – y comenzó a investigar el caso. En los interrogatorios, las víctimas declararon que Ramiro les ofrecía puestos de trabajo en sus empresas fantasma – del sector de la construcción y domiciliadas en Estepona y Salobreña – por los que llegaron a pagar hasta 4.000 euros en concepto de adelanto.

Según el informe judicial al que ha tenido acceso Crónica, Juan Antonio entrevistaba a los candidatos en el camping de Azla, un pueblo situado a 15 kilómetros de Tetuán, donde recibía el primer pago sin facilitar recibo alguno. Buena parte de las víctimas estafadas – de momento van más de 60 – son de Tetuán, Tánger, Oujda, Bensliman, Fez y Larache. El pasado año logró introducir en España una veintena, hasta que las delegaciones del Ministerio de Trabajo de Granada y Málaga decidieron denegar el resto de peticiones al no encontrar ninguna actividad productiva en las empresas de Ramiro que justificase semejante cantidad de contrataciones.

Para captar a sus víctimas, Juan Antonio les enseñaba una fotocopia de la página web del Ministerio en la que se indicaba que sus contratos de trabajo estaban «en trámite», lo que le permitía ganar tiempo y mentir a otras personas. El sujeto, que ha podido ganar hasta 200.000 euros con esta estafa, está ahora en la cárcel de Bab Nuader de Tetuán. La policía marroquí ha hecho un llamamiento a la población para que denuncie y esperan más víctimas de sus fraudes en distintas ciudades de Marruecos.

Fuentes del consulado de España en Tetuán han confirmado que la compra – venta de contratos en esta parte de Marruecos está alcanzando cuotas inusitadas y que lo que se sabe es sólo la punta del iceberg de lo que está pasando realmente. «Nos empezó a extrañar el gran número de hombres que se presentan con ofertas de trabajo para empleados de hogar. ¿Cómo te puedes creer que un señor de 57 años va a trabajar en una casa para cuidar a una niña de 10 o a una anciana minusválida si ni siquiera sabe leer, escribir, algo de español o tiene experiencia?», aseguran estas fuentes.

La mayoría de estos hombres son aldeanos y compran los contratos por 8.000 euros, la mitad por adelantado. Si la solicitud sale denegada, nadie les devuelve nada. A veces, las mafias se aprovechan de su ignorancia para acabar de engañarles. Los vendedores ambulantes, por ejemplo, son sus víctimas favoritas. Crónica accedió a algunos contratos comprados en los que en el apartado Tipo de trabajo aparecen epígrafes como «servidor de tiendas y mercadillos», algo que no existe en nuestra legislación laboral.

EL MARROQUI ESTAFADO

Pagó casi 4.000 euros por un contrato

Abdelaziz es uno de esos vendedores ambulantes. Tiene 38 años y a pesar de que el español es el segundo idioma de Tetuán, apenas lo habla. Se pasa el día haciendo portes por la ciudad para ganar poco más de cinco euros por jornada. Se siente mayor para seguir mucho tiempo con este trabajo.

Él es uno de los afectados por los engaños de Ramiro. No quiere revelar lo que pagó por un contrato de «comercial» en Palma de Mallorca y por el que esperaba cobrar unos 900 euros mensuales. Pero la cifra no diferirá mucho de las anteriores. Lo hizo a través de un corredor, «amigo mío que lo hizo con buena intención» y no entiende por qué se lo han denegado.

«La culpa debe ser del español. Yo no le conozco pero algo no debió de hacer bien. Y ahora, si está en la cárcel, a ver quién me devuelve mi dinero», se queja el hombre que sufre una parálisis parcial en su brazo derecho «por los nervios, según el médico», susurra. Aún así, se niega a tirar la toalla. «Me ha salido caro, pero más caro es quedarse aquí y ver pasar los días todos iguales sin una esperanza en el futuro…».

El caso de Abdelaziz es uno de más de 650 fraudes registrados en todo el país alaui en el último año. Aunque Marruecos es el más afectado, el Ministerio de Trabajo español calcula que esta práctica también se está dando con inmigrantes suramericanos y de la Europa del Este.

La mayoría de los afectados no denuncia porque aún tienen la esperanza de conseguir un contrato o de que les devuelvan lo que ya pagaron. Cuándo no consiguen el dinero en su propio entorno, o ya han vendido todo lo que tenían – casa incluida – se ven obligados a acudir a los prestamistas que existen en todas las grandes zonas de emigración y que cobran 50 euros mensuales de interés por cada 1.000 euros prestados. Para ellos, la riba, o usura, condenada por el Islam, no existe…

Aunque desde el Ministerio de Trabajo español se asegure que no hay cifras oficiales sobre la cantidad de inmigrantes afectados, los casos de venta de contratos fraudulentos se multiplican por todo el Estado. En León todavía recuerdan a ese empresario que montó una asesoría para extranjeros y estafó 60.000 euros a 30 inmigrantes. El tipo se mudó de ciudad pero no acabó en la cárcel porque nadie le denunció con pruebas. El corredor marroquí que gestionó esos contratos entre familiares y amigos, en cambio, trabaja 16 horas al día para devolver su parte y no ha podido volver a su pueblo por miedo a que lo maten sus propios paisanos.

Y en Córdoba, todavía colea la trama desarticulada en marzo pasado por la Guardia Civil y la Policía donde se detuvo a cinco personas acusadas de vender contratos de trabajo falsos a unos 3.500 suramericanos. En total les estafaron más de dos millones de euros. Y no fue más porque los truhanes se limitaban a cobrarles una «fianza» de sólo 500 euros para comenzar a tramitarlos.

«Es cierto que el sector de la ganadería está muy poco controlado. Pero ésta práctica ocurre en casi todos, construcción y agricultura sobre todo. El problema que tiene el inmigrante es que la tarjeta que recibe es para trabajar sólo en ese sector y en esa Comunidad, por lo que no siempre le es fácil encontrar empleo y sumar así los seis meses necesarios para renovar la residencia», asegura por su parte Rosa Castro, responsable de inmigración de Comisiones Obreras en León.

Lahcen dormirá hoy pensando en su hermano pequeño, Said y en el tiempo que le queda para conseguir el dinero con el que traerle a España antes de que se acabe la opción de comprar un contrato. «Los españoles decís aquello de: “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Y yo estoy aquí pescando a mi familia para que no muera nadie más…».

UNA CADENA DONDE TODO EL MUNDO GANA

1. EL «CORREDOR», CABEZA DE LA RED

Normalmente suele ser un inmigrante el que le ofrece al empresario el negocio porque ve en él una señal que lo hace viable. Empiezan trayendo a familiares o gente de su pueblo. Pero algunos se han profesionalizado y han montado auténticas redes que comienzan en lejanas aldeas donde funcionan los «ganchos» que se llevan un porcentaje por cada «cliente».

2. EL EMPRESARIO PIDE UNA «FIANZA»

Para ponerse en movimiento, el empresario que accede a entrar en el negocio pide la mitad de su parte por adelantado (entre 2.000 y 3.000 euros), la llamada fianza. El dinero es ingresado en la cuenta de otro inmigrante, ligado con el corredor, que le paga al empresario en mano para no dejar pruebas. Es el momento en el que el empleador rellena los papeles.

3. SE TRAMITA EL VISADO VIA CONSULADO

El empresario acude a la oficina del Ministerio de Trabajo y ofrece ese puesto pagando muy poco para que nadie la acepte. En ese caso, durante los meses siguientes, la Administración incluye la oferta en el Catálogo de Trabajos de Difícil Cobertura y se tramita al consulado correspondiente ya con un nombre concreto. El empresario cobra el segundo plazo.

4. EL INMIGRANTE HACE SUS PAPELES

El que ya pagó la mitad por adelantado, abona el resto al corredor, que se lleva casi tanto como el empresario. Después, tramita en el consulado su visado (400 euros), paga otros 150 a la persona que cede su dirección para el empadronamiento ficticio y obtiene la tarjeta de residencia por un año. Tendrá que justificar seis meses de trabajo para renovarla.