En Canarias se consolida la imagen de la inmigración como problema, el mayor de los que pesan actualmente sobre el archipiélago, a juicio de una amplia mayoría de sus habitantes. Ninguna otra de las grandes preocupaciones observadas por el Instituto Opina entre los ciudadanos de las cinco comunidades encuestadas – Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares y Canarias – emerge con tanta fuerza, tras más de un año de oleadas de cayucos que llegan desde la costa continental de África y la situación de emergencia vivida en algunos momentos.

La inmigración también aparece como problema en las otras comunidades investigadas por Opina (lo citan el 22% de los encuestados en la Comunidad Valenciana, otros tantos en Madrid y el 19% de los de Baleares), si bien con menor virulencia que en Canarias.

La vivienda, sus precios y la especulación urbanística es lo que más preocupa a uno de cada tres habitantes de la Comunidad de Madrid, y prácticamente a uno de cada tres en Navarra. La corrupción, por el contrario, no figura entre las preocupaciones mayores de la ciudadanía, aunque un notable número de personas encuestadas están convencidas que la corrupción “existe” en su comunidad.

Más que por la corrupción en sí, los ciudadanos de las zonas con mayor presión urbanística se interesan por una moratoria en proyectos de corte desarrollista. Por ejemplo, el 77% de los encuestados en Baleares cree que no deben autorizarse nuevas urbanizaciones en las islas, el mismo porcentaje que rechaza la construcción de autopistas, un proyecto muy defendido desde el Gobierno saliente del PP en este archipiélago. El 51% de los valencianos también es partidario de una moratoria urbanística y el 62% de los habitantes de Canarias desea que se impida la instalación de más camas turísticas en esas islas.