Un total de 129 inmigrantes subsaharianos, entre ellos ocho mujeres y dos niños, viajaban en dos pateras interceptadas frente a la costa granadina. Los menores, de 2 y 4 años, viajaban con sus madres. Dos de los inmigrantes fueron trasladados a un hospital al presentar problemas de salud. Dentro de la lucha contra las mafias, el Gobierno anunció ayer que podrá perseguir en el exterior el tráfico de inmigrantes.

Las embarcaciones fueron avistadas a diez millas de la costa granadina por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) e interceptadas por la embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo a cuatro millas la primera, y a dos la segunda, de Castell de Ferro.

Con claros síntomas de cansancio y quemaduras algunos de ellos, los inmigrantes llegaron hacia las siete de la tarde al puerto de Motril, donde les esperaba un dispositivo formado por voluntarios de la Cruz Roja.

Tras recibir una primera asistencia sanitaria y alimenticia, dos de ellos fueron evacuados al Hospital Santa Ana de Motril. Se trata de la expedición de inmigrantes subsaharianos más numerosa llegada hasta ahora a la costa de Granada, tras la patera detectada el pasado domingo, con 70 subsaharianos a bordo.

La llegada de estas dos pateras se produce en el mismo día que el Consejo de Ministros estudió un informe del ministro de Justicia sobre el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir «extraterritorialmente» el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.

Según informó el Gobierno, los tribunales españoles no tienen en estos momentos jurisdicción extraterritorial para la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de hechos, salvo si el tráfico de seres humanos detectado en aguas internacionales está orientado a la explotación sexual de los mismos.

Cuando quede aprobada tal modificación, España podrá enjuiciar el tráfico ilegal de seres humanos y dar el necesario trato humano a los inmigrantes y proteger plenamente sus derechos «a la vista del inabarcable flujo migratorio de nuestro país».

Según el Gobierno, esta reforma permitirá a jueces y fiscales perseguir «fuera de España» estos delitos y a los delincuentes, «más allá de las fronteras».