Dos millones de inmigrantes no comunitarios residentes en España no podrán votar el próximo 27 de mayo. Con el fin de acabar con esta desigualdad política, la Coordinadora de Entidades de Inmigrantes en Catalunya (CEICAT) hizo público ayer el manifiesto Ciudadanos sin derecho a voto. Su portavoz, Alejandro Erazo, abogó porque el Gobierno permita «el derecho a elegir y ser elegido» a los inmigrantes regulares con residencia legal de más de tres años.

Con un pie puesto en los comicios municipales, Erazo quiso dejar constancia de la importancia de la elección de representantes locales como «elemento clave en el funcionamiento de la democracia local» y animó a las instituciones a avanzar hacia un nuevo concepto de ciudadanía . Un «derecho a la igualdad» que la Comisión Europea ya planteó en 2003 como un proceso de integración de los nacionales de terceros países en la sociedad de acogida y un elemento clave para su reconocimiento y equiparación. «Es catalán todo el que vive, trabaja y vota en Cataluña», aseguró por su parte el presidente de Fedelatina, Javier Bonomi ya que la catalanidad tiene que ver con la cultura, pero también con los derechos».

Para «avanzar hacia un nuevo concepto de ciudadanía», como reza el manifiesto, asistieron al acto representantes de varias comunidades de ciudadanos inmigrantes, entre ellas, la Asociación de Uruguayos en Catalunya y la Asociación Marroquí para la Democracia y el Desarrollo. El portavoz de esta última, Abdel Kader, reconoció que el «consenso» sería más fácil si el plazo de residencia legal se ampliara a «cinco años» y puso como ejemplo los modelos políticos de Bélgica u Holanda en cuanto al derecho a voto de los inmigrantes.Kader tampoco quiso olvidarse de sus congéneres franceses y mostró su preocupación por las posibles consecuencias políticas que se deriven de la victoria de Nicolás Sarkozy.

La iniciativa contó además con el apoyo de los socialistas Javier Luna y Roberto Lavandera, Saoka Kingolo, de ERC y Joan Herrera de ICV – EUiA. Este último, promotor del proyecto de Ley sobre el Derecho a Voto a Inmigrantes, advirtió de que la democracia está «amputada» al no permitir el voto a los inmigrantes e insistió en que se trata de una iniciativa legal dirigida a «reformar el artículo 13.2 de la Constitución Española». En este sentido, el diputado de ICV en el Congreso se felicitó por hacer llegar la medida electoralista «a la agenda política» pero admitió «estar solo» en la lucha por su consecución.