Amnistía Internacional (AI), Médicos del Mundo y CEAR han pedido al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado que «se impliquen» en la crisis del ‘Marine I’ y exijan al Gobierno español que ponga fin al «limbo jurídico» en el que se encuentran los 23 inmigrantes que aún siguen en Mauritania. Representantes de estas tres organizaciones humanitarias recordaron que el pasado 12 de febrero, los 369 inmigrantes del ‘Marine I’ desembarcaron en el puerto de Nuadibú (Mauritania).

En los meses posteriores y tras varios procesos de identificación, 346 inmigrantes fueron repatriados voluntariamente a sus países de origen, pero 23 se negaron a ser identificados y solicitaron un asilo político que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) les ha denegado.

Desde entonces, estos 23 inmigrantes siguen retenidos en un hangar en Nuadibú, custodiados por policía española, «en terreno de nadie, en un limbo jurídico y legal, en condiciones inhumanas y degradantes, y bajo presiones inaceptables» de las autoridades españolas y mauritanas, denunció el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ignacio Díaz de Aguilar.

Página negra

A su juicio, España «está escribiendo una página negra en la historia de los derechos humanos» porque «ha creado un espacio fuera de control y de la legalidad internacional», similar a Guantánamo.

Médicos del Mundo ha elaborado un examen exhaustivo de la situación de estos 23 inmigrantes y ha diagnosticado «siete casos de depresión grave, seis de ansiedad, angustia y cuadros diasociativos, cuatro con delirios de suicidio y otros seis con agitación grave y riesgo psicótico». Todos presentan problemas musculares por la falta de ejercicio y de espacio físico, así como dolencias respiratorias y dermatológicas.