pamplona. La directora general de Integración del Gobierno del Estado, Estrella Rodríguez Pardo, anunció ayer que “nosotros no plantearemos nuevos procesos de normalización de inmigrantes porque el reglamento de extranjería contempla ya los supuestos de autorización, el arraigo y las demás situaciones individualizadas”, que son “vías excepcionales para solucionar situaciones concretas”.

Así lo indicó Rodríguez Pardo en la apertura de la 17ª edición del Encuentro de Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo , organizado por el Consejo General de la Abogacía Española, que se celebra en Pamplona desde ayer y hasta mañana con la asistencia de 250 juristas. Como explicó el decano del Colegio de Abogados de Pamplona, Alfredo Irujo, la finalidad de este congreso es " estudiar los problemas jurídicos que se plantean en materia de extranjería, intercambiar opiniones y experiencias". Las conclusiones de dicha cita se remitirán posteriormente a la Administración General.

En su alocución, Rodríguez Pardo recordó que el reglamento de extranjería se aprobó con el apoyo de todos menos del PP, que “se opuso por el proceso, en el cual más de 550.000 inmigrantes legalizaron su situación”, un proceso que consideró “necesario en su momento”. Asimismo, indicó que “nadie tiene una varita mágica para solucionar los complejos problemas de la inmigración” y reconoció la necesidad de agilizar los trámites en la Administración. Reiteró la “plena determinación” del Estado en la lucha contra la inmigración clandestina y destacó el reto que supone la integración.

Al acto de inauguración también asistió el consejero de Justicia del Gobierno de Navarra, Javier Caballero. Éste consideró el derecho de extranjería una materia “notablemente confusa y compleja”. Además, subrayó que “la inmigración no debe asociarse al concepto de exclusión social” sino “a la idea de desarrollo y generación de oportunidades”.

Asimismo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, comentó que “nadie duda de los beneficios que supone la inmigración tanto en el aspecto económico como en otros ámbitos de carácter más espiritual”. También mencionó los aspectos negativos de este fenómeno, como “el drama de las organizaciones mafiosas dedicadas a traficar con personas”. De hecho, 1.100 murieron el pasado año en el intento de llegar a nuestras costas. Por ello, mantuvo que “como juristas tenemos la inexcusable obligación de combatir estas situaciones con el derecho”. Y es que “es un deber de quienes servimos a la Justicia procurar la integración de quienes vienen a trabajar a nuestro país honradamente”, manifestó.