Hace ya algunos meses, las fuerzas del orden iniciaron en Pontevedra una investigación para tratar de determinar la veracidad de un rumor que apuntaba que muchos súbditos ghaneses utilizaban pasaportes oficiales y legales para simular ser menores y, de esta forma, no poder ser expulsados del territorio nacional. La Fiscalía ha podido determinar que muchos de estos supuestos menores en situación legal de desamparo son realmente adultos con antecedentes policiales.


En su memoria, el ministerio público pontevedrés reseña que se trata de individuos «a los que les constan detenciones por infracción a la Ley de Extranjería y otros delitos cometidos en otras provincias, principalmente Valencia, Cádiz y Bilbao, como mayores de edad e indocumentados».


En este punto, el dosier anota que tales personas recalan posteriormente en Marín y, como por arte de magia, disponen de un pasaporte expedido en toda regla y que les identifica como menores de edad. Pero para la Fiscalía no hay tal magia, sino que los sospechosos se valen de Internet para obtener el documento, por el que abonan un precio en torno a 90 euros.


Lo cierto es que mientras que no se demuestra lo contrario, los falsos menores disfrutan de una estancia en una Unidad de Primera Acogida, dependiente de Vicepresidencia de la Xunta, y no pueden ser repatriados.


Pero la memoria de la Fiscalía de Pontevedra relativa al 2006 no sólo reseña este posible fraude, sino que también alude a un segundo caso, en esta ocasión, protagonizado por ciudadanos de origen chino. Todo apunta a que esta investigación a gran escala – ya que afectaría a numerosas provincias españolas y encuadrada en la operación Camaleón – se inició con el arresto de un individuo de esta nacionalidad. Las pesquisas de los agentes han permitido detectar una supuesta «falsedad entre la documentación presentada en los consulados de España en China en los trámites administrativos para la reagrupación familiar».


A pesar de la magnitud de esta operación, la mayor parte de actuaciones de la Fiscalía de Extranjería de Pontevedra se centran en materia laboral de contratación de trabajadores foráneos en clubes de alterne.


Locales de alterne


En este ámbito, el ministerio público tiene constancia de la desarticulación, en el 2006, de una red dedicada a introducir mujeres paraguayas para su explotación sexual en un club próximo a Pontevedra, mientras que en el entorno de Vigo prosiguen las indagaciones sobre una trama de inmigración ilegal de brasileñas para locales de Galicia y Castilla y León.


En el partido judicial olívico se ejecutaron la mayor parte de las operaciones contra la explotación de extranjeras en la provincia. Fueron detenidos un español y un rumano que favorecían la inmigración ilegal de mujeres de esta nacionalidad; también fue expulsado un súbdito brasileño al que se le imputó un delito relativo a la prostitución; un responsable de un club fue arrestado por estos motivos, mientras que 9 extranjeras fueron acusadas de estar irregularmente en España.


Además, la Fiscalía tomó parte en una pesquisa de inmigración ilegal de brasileñas que se desarrolló principalmente en Ourense y León, y que culminó con 44 personas arrestadas – 35 en territorio nacional y el resto en suelo de Brasil – .


Uno de los casos aún sin cerrar apunta a una trama con ramificaciones en Brasil y Bolivia. Las mujeres llegan a Peinador con reserva de hotel, que posteriormente no usan y que «son derivadas al ejercicio de la prostitución». Además, se cree que puede estar operando una segunda red que introduce a nigerianas mediante el empleo de documentación falsa.


Anuncios en prensa


En otras ocasiones no se trata de redes sino de individuos aislados los que se aprovechan de la situación económica de las extranjeras o, incluso, de sus compatriotas. En este sentido, se sospecha que en la provincia está actuando un español que contacta con las potenciales víctimas en su lugar de origen mediante la inserción de anuncios en la prensa de su país.


Durante el 2006 se iniciaron 410 expedientes sancionadores, ya no sólo en clubes, sino en todo tipo de negocios, mientras que se tramitaron 43 solicitudes de asilo, de las que se concedieron 20. El año pasado se realizaron 157 expulsiones, de las que cuatro eran polizones.