Amnistía Internacional (AI), Médicos del Mundo y CEAR han pedido al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado que «se impliquen» en la crisis del Marine 1 y exijan al Gobierno español que ponga fin al «limbo jurídico» en el que se encuentran los 23 inmigrantes que aún siguen en Mauritania.


Representantes de estas tres organizaciones humanitarias recordaron que el pasado 12 de febrero, los 369 inmigrantes que viajaban en ese barco desembarcaron en el puerto de Nuadibú (Mauritania).?En los meses posteriores y tras varios procesos de identificación, 346 personas fueron repatriadas voluntariamente a sus países de origen, pero 23 se negaron a ello y solicitaron asilo político, denegado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Desde entonces, esos 23 inmigrantes siguen retenidos en un hangar en Nuadibú, custodiados por policía española, «en terreno de nadie, en un limbo jurídico y legal, en condiciones inhumanas y degradantes, y bajo presiones inaceptables» de las autoridades españolas y mauritanas, según el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ignacio Díaz de Aguilar.

En una situación así, explicó Díaz de Aguilar, España sólo tiene dos alternativas: aceptar sus peticiones de asilo o presentar cargos contra ellos, pero «lo que no puede hacer en ningún caso es mantener detenidas a 23 personas sin ningún motivo que justifique la situación».

A su juicio, España «está escribiendo una página negra en la historia de los derechos humanos» porque «ha creado un espacio fuera de control y de la legalidad internacional», similar a Guantánamo.

Para la responsable de Política Interior de AI, Virginia Álvarez, al margen de la situación inhumana en la que se encuentran estos inmigrantes, es «gravísimo e inédito» que lleven más de 3 meses retenidos por las autoridades españolas sin haber visto a un juez o a un abogado, «tal y como establece la jurisprudencia internacional», el llamado hábeas corpus.