Estados Unidos puede estar a punto de vivir la transformación más grande de su política de inmigración en cuatro décadas. Un grupo de senadores demócratas y republicanos ha consensuado con la Casa Blanca una reforma a fondo del sistema. Reforma que implica la regularización de los 12 millones de inmigrantes ilegales que hay en el país y un sistema de trabajadores invitados que abrirá las puertas a 400.000 extranjeros todos los años. A cambio, la nueva norma prevé el endurecimiento de las patrullas fronterizas y fortalecerá el control de la contratación de empleados extranjeros por las empresas.

El acuerdo también cambia los criterios para admitir la entrada de nuevos inmigrantes. Hasta la fecha, la principal causa para legalizar la llegada de extranjeros era la unificación de familias. A partir de ahora, sin embargo, los criterios serán las capacidades técnicas y el nivel de educación de los inmigrantes. Es una medida que trata de adaptar la legislación a las necesidades de las empresas, que llevan años quejándose de que los cupos de entrada de directivos y técnicos especializados son ridículamente bajos.

Pero el aspecto más importante – y, sin duda, el que levantará más controversia – es el relativo al método de naturalización de los 12 millones de ilegales que viven en EEUU. En función de la nueva norma, esos ilegales recibirán un nuevo visado y, tras 13 años, deberán salir del país y solicitar el permiso de residencia desde su nación de origen. Además, deberán pagar una multa de 5.000 dólares (unos 3.650 euros).