Transcurridos más de tres meses desde que un remolcador español auxilió frente a las costas de Mauritania al Marine I, el barco cargado con 369 inmigrantes, aún no se ha resuelto el caso. Es más, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Amnistía Internacional y Médicos del Mundo denunciaban ayer el drama humano que están viviendo los 23 ciudadanos de Cachemira que quedan retenidos en Nuadibú. Mientras ellos se niegan a ser repatriados, ningún país parece dispuesto a abrirle sus puertas. Las ONG amenazan con llevar el asunto a los organismos internacionales si el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado no intervienen con urgencia para que España les acoja. Entienden que las autoridades de nuestro país deben hacerse cargo, por cuanto les recogió un barco español y, aún hoy, un grupo de policías españoles colabora en su custodia. Según relataron las ONG, estos inmigrantes permanecen detenidos en un minúsculo hangar de pescado en condiciones penosas. España, que ya admitió a 35 de los inmigrantes del Marine I, acabará probablemente cediendo, ante la nula sensibilidad mauritana. Pero el problema no son estas 23 personas, sino la falta de previsión del Gobierno que, después de haber provocado un irresponsable efecto llamada con regularizaciones masivas, ha sido incapaz de amortiguar sus consecuencias con acuerdos diplomáticos que podrían haber evitado situaciones como ésta.