Critican la detención desde hace tres meses de 23 inmigrantes en una nave en Mauritania y piden la actuación del Defensor del Pueblo y del fiscal Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) acusaron ayer al Gobierno de maltratar y detener arbitrariamente a 23 inmigrantes del Marine I que llevan tres meses encerrados en una antigua nave de pescado del puerto mauritano de Nuadibú, custodiados por policías españoles.

Estas tres ONG, de las más serias y sólidas de España, reclamaron ayer la intervención urgente del Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado para que pongan fin a la dramática situación de estas personas, que viajaban en el buque negrero rescatado por España.

El presidente de Cear, Ignacio Díaz de Aguilar, manifestó que el Ejecutivo está creando espacios fuera de control, tierras de nadie donde se actúa con total impunidad, como ya ha sucedido con Guantánamo: «Se está escribiendo una página negra en la Historia de los Derechos Humanos de nuestro país. No hay ningún motivo que justifique que se prolongue esta detención arbitraria. La nave está en la zona franca del puerto y ni siquiera han entrado en Mauritania», declaró.

A diferencia de los otros 346 inmigrantes que viajaban en el buque negrero Marine I, estos 23 sin papeles se han negado a regresar a sus países alegando que sus vidas corren peligro. Sin embargo, su estado de salud también se está deteriorando tras los 94 días de encierro, cuando la legislación española sólo permite 40 jornadas de retención.

Siete de los asiáticos presentan estados graves de depresión, seis padecen cuadros de ansiedad y crisis de angustia, otros cuatro tienen ideas de suicidio y dos de ellos sufren cuadros de agitación grave. «Su situación es muy precaria porque están recibiendo un trato degradante. Se encuentran en un espacio de 25 metros cuadrados, hacinados, incomunicados, sin poder ver la luz del sol y sometidos a temperaturas extremas», manifestó ayer Pau Pérez, psiquiatra de Médicos del Mundo.

Las ONG acusaron a la Policía española y mauritana de haber sometido a los sin papeles a humillaciones, vejaciones y de amenazarles con la repatriación o la cárcel. Por este motivo, exigen al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que asuma su responsabilidad sobre estas personas – ya que el Ejecutivo ha gestionado la crisis y están custodiadas por agentes de nuestro país – y que sean trasladadas a España.

En su opinión, los 23 sin papeles están perseguidos en sus estados de origen y pueden solicitar asilo político, como ya sucedió con un primer grupo de 35 inmigrantes que fue enviado a Canarias. En caso de que el Ejecutivo no reaccione, las ONG pondrán una denuncia ante la Comisión Europea e iniciarán una campaña de recogida de firmas.

«Es un hecho inédito que 23 personas lleven más de tres meses retenidas sin acceso a un juez ni a un abogado y sin haber cometido ningún delito», denunció Virginia Alvarez, de Amnistía Internacional.

Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el de Interior se han negado en rotundo a que estos inmigrantes acaben en España. En los últimos días, el Gobierno ha estado negociando con Guinea – Conakry – país de donde partió el barco – y con Pakistán – lugar de origen de los inmigrantes – , pero las conversaciones parecen estancadas.

El peso de las negociaciones lo ha llevado Exteriores, aunque, según el Reglamento de Extranjería, las competencias en inmigración pertenecen al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, como ya sucedió en anteriores crisis, el titular de Trabajo, Jesús Caldera, se ha desentendido por completo del problema.