La Comisión europea propuso ayer a los Estados miembros una armonización mínima de las penas para los empresarios que contratan a inmigrantes ilegales, a fin de reducir el atractivo del continente para las avalanchas de ‘sin papeles’ que buscan un futuro en Europa. La propuesta, que deberá ser considerada por el Consejo de Ministros y el Parlamento de la UE, prevé el establecimiento de multas y sanciones administrativas, que podrían alcanzar la condición de penales en determinadas circunstancias.

Actualmente, sólo 14 Estados miembros contemplan condenas de cárcel para las personas que contratan a inmigrantes clandestinos y, aún así, la tipificación del delito varía considerablemente de un país a otro. «La verdad es que la experiencia demuestra que las medidas adoptadas hasta ahora no han servido para acabar con esas prácticas empresariales», decía ayer el vicepresidente de la Comisión europea, Franco Frattini, durante la presentación de la iniciativa.

Compromiso

La Comisión no busca imponer un régimen unitario de sanciones, que quedarían al arbitrio de los Estados miembros, por ser ésta una competencia que no está transferida. Lo que sí quiere es que actos equivalentes tengan un castigo equiparable en Europa. Y si la acción es grave – ya sea por reincidencia, por el número de ilegales contratados, por condiciones laborables difíciles o porque la víctima haya caído en manos de alguna red y esté esclavizada – , que se impongan penas de cárcel.

Bruselas va incluso más lejos: quiere que los Estados miembros se comprometan a controlar al menos un 10% de las empresas que se sirven de ‘ilegales’. Actualmente, esos controles son casi inexistentes. En 2006 apenas alcanzaron al 2% de las empresas, según datos barajados por la Comisión.

Según estadísticas ayer difundidas, son al año entre 45,5 y 8 los millones de inmigrantes ilegales que llegan a Europa, con un incremento anual estimado de entre 350.000 y 500.000 personas. Las mismas fuentes calculan que entre el 7 y el 16%del Producto Nacional Bruto de la UE procede de la economía ilegal, aunque no toda resulte de la actividad de trabajadores irregulares.