Plantea una «inmigración circular» de ida y vuelta para cubrir los trabajos temporales El empresario que explote a sus obreros senegaleses sin papeles puede acabar en la cárcel; el agricultor que los haga recoger fresas de sol a sol, perder los subsidios europeos, y la familia que contrate a una boliviana sin permiso de trabajo podrá ser obligada a pagar las contribuciones atrasadas a la Seguridad Social. Al menos eso es lo que quiere la Comisión Europea, que ayer presentó su gran paquete legislativo para sancionar a los empleadores de inmigrantes irregulares.

«Es un hecho que ahora hay tolerancia y falta de aplicación de las leyes nacionales», se quejaba ayer Franco Frattini, comisario de Justicia y partidario de castigar sólo a los empleadores y no a los empleados, que sufren, en algunos casos, «condiciones de semiesclavitud». Las nuevas leyes perseguirán con menos dureza «casos individuales», por ejemplo en las tareas domésticas, y reservarán las medidas penales para la explotación grave de un número elevado de inmigrantes.

La Comisión propone como castigos desde la cárcel hasta las multas o la pérdida del derecho a presentarse a contratos públicos o a recibir ayudas comunitarias, pero serán los estados miembros quienes decidan los detalles de las penas.

Dada la resistencia de algunos gobiernos, como los de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, a ceder competencias judiciales, la Comisión presenta su propuesta con «margen de maniobra» para que cada país decida hasta dónde llegar.

En cualquier caso, la directiva pretende promover el aumento de las inspecciones, que ahora sólo afectan al 2,8% de las 22 millones de empresas en la UE. «Un 2,8% no es nada, significa que prácticamente no hay ningún control», explicó Frattini en rueda de prensa. El objetivo es que se registre el 10% de las compañías para identificar a las que no hayan cumplido con la obligación de verificar si sus empleados tienen permiso de trabajo.

Además, dentro de la propuesta legislativa de la Comisión, se incluye la promoción de la «inmigración circular», es decir, de ida y vuelta, para cubrir los trabajos temporales, ligados sobre todo a la agricultura, a la construcción y al turismo. Según el plan de Frattini, la UE se encargará de recibir las peticiones de los países europeos con el número de trabajadores que faltan por sectores y de ofrecer a los estados africanos, latinoamericanos o del Este contratos con el compromiso de que, después de los meses acordados, ayuden a la repatriación de los inmigrantes si intentan quedarse en la Unión Europea.

Naciones Unidas calcula que Europa necesitará en las próximas cuatro décadas 20 millones de inmigrantes para cubrir el mercado laboral de una sociedad envejecida.

Según los datos de la Comisión Europea, hasta ocho millones de extranjeros irregulares residen ahora en la UE y cada año entran, al menos, medio millón más. Interrogado por la legalización de los sin papeles que ya están dentro, Frattini subrayó que «la ilegalidad no se puede convertir en legalidad» e insistió en que su política de migración circular va dirigida a los nuevos. «La única posibilidad para los inmigrantes ilegales que están ahora en territorio europeo es animarlos a volver a su país a seguir el recorrido regular de la inmigración legal», dijo.

Frattini también pidió a la Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras (Frontex) que refuerce la misión de patrullas de las islas Canarias para frenar la llegada de cayucos, ya que el dispositivo actual es «insuficiente».