La explotación de mujeres en el barrio del Raval es una realidad a la luz de las operaciones policiales que se han llevado a cabo en los últimos meses. Tras la detención de más de cien personas el pasado noviembre, el Cuerpo Nacional de Policía ha concluido con aparente éxito una secuela de aquel dispositivo, llamado entonces operación Constanza. La semana pasada se detuvo a once personas por obligar a mujeres rumanas a prostituirse en la calle Sant Ramon y la ronda Sant Antoni. Los arrestados son tres ciudadanos españoles, siete rumanos y uno pakistaní. Sólo uno de ellos, el cabecilla, el rumano Marin R., de 42 años, ha ingresado en prisión. El resto ha quedado en libertad con cargos.

La policía intervino gran cantidad de documentación tras aquella operación. Una parte de ella permitió abrir nuevas vías de investigación.

Fue entonces cuando, paralelamente, llegaron informaciones procedentes de la policía de Noruega que apuntaban a que una banda criminal dedicada al tráfico de personas se había asentado en España, concretamente en el barrio del Raval. Se sumaron esfuerzos y se avanzó en las pesquisas.

Se hizo el seguimiento registral de una sociedad dedicada a la construcción que a través de la Subdelegación del Gobierno ofertas de empleo para ciudadanos rumanos y pakistaníes que resultaron ser fraudulentas. La relación de nombres llevó a los investigadores hasta el Raval.

De esta manera pudo comprobarse que los sospechosos no tenían otra fuente de ingresos que los pagos que les hacían las mujeres obligadas a prostituirse en concepto de devolución de los gastos originados por haberlas traído hasta España, que no era otra cosa que el fruto directo de la explotación.

En el momento en que se produjeron estas últimas detenciones, la organización controlaba unas 20 mujeres, aunque los cálculos policiales señalan que han podido ser más de 500 las que en un momento u otro han sido explotadas por esta banda. Las mujeres cobraban 20 euros por prestación sexual y realizaban una media de 10 al día.

Como en la operación de noviembre pasado, la mayoría de los rumanos detenidos y las mujeres explotadas de esa nacionalidad proceden de la provincia de Constanza, en esta ocasión en concreto de la ciudad de Mangalia.

A pesar de que tanto la Delegación del Gobierno, el Departamento de Interior y el Ayuntamiento de Barcelona hablan de que la coordinación policial en estos momentos es muy fluida, este operativo no ha estado exento de tensiones entre el Cuerpo Nacional de Policía, los Mossos d´Esquadra y la Guardia Urbana, que finalmente no pudo participar en el operativo como estaba previsto. La comisaría de Mossos de Ciutat Vella no fue informada.