El colectivo Movimiento contra la Intolerancia, que el pasado viernes presentó un informe al Ministerio de Justicia y al Defensor del Pueblo sobre el presunto racismo y discriminación ejercidos por una funcionaria del Registro Civil de Talavera de la Reina (Toledo) hacia determinadas minorías étnicas, solicitó ayer la intervención y el amparo de este ministerio después de que esta empleada pública haya denunciado por calumnias e injurias a cuatro de las personas que han formulado quejas contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según Movimiento contra la Intolerancia, se trata de un «episodio sin precedentes, insólito, injustificado y desproporcionado» que «quebraría el derecho a quejarse ante el temor de ser denunciado».

En opinión de esta asociación presidida por Esteban Ibarra, esta funcionaria, Sagrario Jiménez, ha adoptado esta decisión a raíz de las declaraciones realizadas el pasado viernes por Ángeles García, vocal del CGPJ y responsable de la Unidad de Atención al Ciudadano de este órgano, quien calificó la situación del Registro Civil de Talavera de «suficientemente grave».

Denunciados

Así, las cuatro personas denunciadas por esta funcionaria son María de los Ángeles Olmedo – que sigue sin poder casarse porque el Registro calificó su matrimonio como «de conveniencia» – , Jorge Losada, de etnia gitana, que lleva años sin poder inscribir a su hijo; Josefina Nova, inmigrante dominicana que se quejó de los muchos obstáculos que la funcionaria le impuso para emitir los certificados de nacimiento de sus hijos nacidos en España y Samir Benovar, inmigrante marroquí, que debió esperar ocho meses para lograr un certificado de Fe de Vida. Los cuatro formularon sendas quejas al CGPJ contra esta funcionaria a la que acusan de menospreciar y maquinar continuas trabas en los trámites administrativos que emprenden gitanos e inmigrantes.

El caso, que también está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha, animó al Movimiento contra la Intolerancia a solicitar una reunión urgente con la directora general de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia, Pilar Blanco – Morales, para solicitar «medidas inmediatas ante las insostenibles circunstancias señaladas en las quejas presentadas sobre el Registro Civil de Talavera».