Un estudio realizado por la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) revela como una de las mayores preocupaciones de la población inmigrante residente en Andalucía las «precarias» condiciones laborales que soportan, ya que según el relato de los encuestados, su jornada laboral supera las 60 horas semanales, incluido también el sábado; en algunos casos no existe contrato y cuando lo tienen, el número de horas contratadas no se corresponde con las que realmente trabajan.

Los inmigrantes además temen denunciar esta situación ya que puedan peligrar sus empleos, con el que apenas llegan a cubrir el salario mínimo interprofesional, «ya que aunque muchos de ellos cobren en torno a unos 600 euros al mes y el salario mínimo sea de 570 euros, la proporción con el número de horas trabajadas provoca que el salario sea inferior», según expuso la CAVA.

Asimismo, según el estudio presentado en el seno del III Encuentro Vecinal por la Integración Intercultural ‘Inmigración e Interculturalidad’, organizado por dicha entidad, otro aspecto que inquieta también a este colectivo es el acceso a la vivienda. Los inmigrantes destacan el alto precio de los alquileres y la escasa oferta de viviendas, «que se incrementa aún más cuando hablamos de vivienda para población inmigrante, ya que los propietarios se niegan a alquilar sus viviendas a este colectivo por prejuicios creados, como impagos, hacinamiento o el poco cuidado con el mobiliario».

Representantes

Otra de las preocupaciones anotadas en el estudio es el nivel de participación real que tienen tanto en la vida social como en la política de su lugar de residencia, «ya que lo consideran un punto clave para la integración plena en la sociedad, por lo que aspiran a poder participar en todos los ámbitos de la misma, y también, disfrutar del derecho de elegir a sus representantes políticos».