Una veintena de asociaciones gitanas llevarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el caso de María Luisa Muñoz, la viuda gitana a la que el Tribunal Constitucional ha denegado la pensión de viudedad por casarse por el rito gitano.


Hace cuatro años, María Luisa Muñoz recurrió al Constitucional para reclamar una pensión de viudedad, ya que su marido había cotizado 19 años y los seis hijos de la pareja estaban reconocidos por el Estado en un libro de familia. El Constitucional denegó la pensión a la mujer porque se había casado por el rito gitano, en vez de por la Iglesia. En representación de estas asociaciones gitanas, la responsable del Departamento de Minorías Étnicas del Instituto de la Mujer, Pilar Heredia, que también es gitana, dijo que, aunque la decisión del tribunal «pueda estar ajustada a derecho», es «una verdadera injusticia».