La educación es capital humano, ha escrito el economista norteamericano y premio Nobel en 1993, Gary Becker. Este Nobel ve la educación como una base para el progreso y un input para que la sociedad prospere, como la tecnología, la energía o la ciencia.

El interés por una buena educación se ha situado entre las prioridades de doctos expertos, de organismos internacionales y de empresas. Ya era prioritaria para las familias. Y para los políticos, si no lo era, ahora lo es o lo es más. Hay motivos y datos preocupantes para despertar ese interés. Uno de cada tres jóvenes no logra acabar la educación obligatoria en Cataluña y en el resto de España. Y aunque la tasa ha mejorado casi tres puntos en los últimos años, aún ronda el 29%, según el Ministerio de Educación.

Las deficiencias del sistema educativo en España tienen un alto coste económico. Los alumnos repetidores cuestan 1.000 millones de euros al año, ha dicho el secretario general del ministerio, Alejandro Tiana.

En Cataluña, la tasa de fracaso escolar es similar a la española. Se ha producido, a la vez, un despegue sin precedentes del número de centros educativos públicos no universitarios, en paralelo al boom de la inmigración. Hay 2.777 centros públicos en Cataluña, cuando hace apenas seis años había 2.350, indica el Departamento de Educación de la Generalitat. Y en ese tiempo la población inmigrante ha crecido casi en progresión geométrica. Ya es del 12% del total cuando hace siete años rondaba el 2%. Este aumento ha traído problemas aún por resolver. Uno de los más llamativos afecta especialmente a las ayuntamientos porque acaba dibujando el territorio de pueblos y ciudades donde el grueso de los alumnos inmigrantes va a la red de centros públicos. El 87% de los inmigrantes van a centros públicos cuando éstos sólo acogen al 60% del total de alumnos. También, el transporte escolar. La concentración de inmigrantes en algunas zonas las sitúa próximas al gueto. Eso preocupa a los ayuntamientos. Algunos candidatos proponen medidas para corregir la tendencia a la concentración de escolares inmigrantes en la red pública. Buscan evitar que los centros concertados – pagados con fondos públicos, tanto el personal como la mayor parte de sus gatos de funcionamiento – sigan de espaldas, con meritorias excepciones, al fenómeno de la inmigración. El espejo donde mirarse son ciudades como Vic o Guissona, donde los ayuntamientos han logrado un reparto equitativo del alumnado pactando con los centros. La política de suelo es otra faceta que influye en la educación. Muchos ayuntamientos se han puesto manos a la obra para ceder suelo a la Generalitat y construir escuelas en su término municipal. Los candidatos lo destacan en sus programas.

Un asunto que preocupa a las familias es la falta de guarderías públicas, sobre todo para niños hasta tres años. Un sondeo hecho el año pasado por la Diputación de Barcelona en 133 ayuntamientos señala que la creación de guarderías encabeza las preocupaciones de los municipios. El año pasado la Generalitat acordó un plan con los ayuntamientos para crear 30.000 plazas en cuatro años, pero está empezando a ejecutarse. En Barcelona, el candidato socialista y alcalde, Jordi Hereu, ha prometido duplicar la red de centros públicos municipales. El curso pasado casi 2.782 niños se quedaron sin plaza pública en la ciudad.