POR CRUZ MORCILLO

FOTOS: J. DE DOMINGO/J. GARCÍA

MADRID. A Hristo, Mariana y Darío lo del «efecto llamada» les suena a político, a lejano, a un mundo que no está en sus calendarios. Fue la denominación estrella de la regularización extraordinaria que acabó hace dos años con la angustiosa ilegalidad de miles de extranjeros sin papeles. Pero además tanto se publicitó que aireó por los cinco continentes el runrún de que en España había «papeles para todos», lo que contribuyó a disipar las dudas de otros miles de candidatos a dejar su tierra.

«Efecto tam – tam» o no, miles de extranjeros han seguido llamando a las puertas de Europa, con especial ahínco por franquear las nuestras. Si a 31 de marzo de 2005, una semana antes de cerrarse el «proceso de normalización», como lo denominó el Gobierno, había en España 2.054.453 extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor, el pasado 31 de marzo esa cifra llegaba a los 3.236.743 personas, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sólo en el último trimestre ha habido 214.395 nuevos beneficiarios – el 1 de enero se produjo la incorporación de rumanos y búlgaros a la UE – y la proporción de crecimiento no induce a pensar en cambios.

El Gobierno ha asegurado por activa y pasiva que no va a haber más regularizaciones (encharcó las relaciones PSOE – PP en inmigración) pero lo cierto es que el desfase entre los datos de Trabajo y los del padrón supera las 900.000 personas. Paradójicamente, el Ejecutivo se ha visto obligado a ampliar el contingente de trabajadores extranjeros y el catálogo de puestos de difícil cobertura sigue creciendo.