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ayuntamiento a partir del cual ambas administraciones acordaron crear 51 nuevos equipamientos de servicios sociales en Barcelona, lo que implica una inversión de 100 millones de euros. Unos proyectos estimables teniendo en cuenta que durante 23 años CiU solo construyó 10 centros de estas características.
Y entre estas construcciones (para abuelos, infancia y adolescencia y discapacitados), 10 son geriátricos (uno por distrito) con 1.200 plazas residenciales. Se sumarán a las cerca de 3.800 camas para ancianos que hay actualmente, la mitad de las cuales son públicas y el resto concertadas con residencias privadas.
No obstante, seguirán siendo insuficientes, aunque paralelamente crecerá la atención domiciliaria de los ancianos (ahora llega a unas 10.000 personas y a final de año a 13.000), la gran apuesta del municipio, que se verá reforzada de manera paulatina con la ley de dependencia. Sin embargo, esta no alcanzará su plenitud hasta el 2015 y este colectivo, precisamente, no tiene a su favor el factor tiempo. Por este motivo, el municipio ha pasado de destinar 21 millones de euros a los ancianos en el 2003 a los 33 millones que se gastó durante el 2006.
También para los ancianos el gobierno del tripartido ha impulsado la teleasistencia, un aparato que atiende las 24 horas a las personas en situación frágil. A final de este año, los mayores de 75 años que vivan solos tendrán uno. Entonces, el consistorio tiene previsto haber distribuido 25.000 aparatos que vigilarán a más de 30.000 barceloneses con la teleasistencia, uno de los servicios que disponen de forma automática los cerca de 600 ancianos que residen en pisos tutelados.
Otro de los frentes que deberá abordar el gobierno municipal, y que se ha acentuado con los cambios de tipo de unidades familiares (cada vez hay más hogares monoparentales) y la llegada de la inmigración es la pobreza en la infancia. Así, desde Bienestar Social se han elaborado planes municipales de familias, infancia y adolescencia para dar respuestas a las nuevas necesidades.
Además de potenciar los servicios de acogida, educativos y sanitarios para los recién llegados, la capital catalana tiene previsto impulsar medidas dirigidas a reforzar la conciliación de la vida familiar con la laboral, traducida, por ejemplo, en la creación de una red de familias canguro que, tras un periodo de formación a cargo de técnicos municipales, se podrían hacer cargo de niños algunas horas en sus domicilios.

ADOLESCENTES EN LA CALLE
De la misma manera, se prevé aumentar la atención domiciliaria a las familias con niños y adolescentes en riesgo de exclusión, para trabajar hábitos como la higiene o la alimentación y prevenir el absentismo escolar y las drogodependencias. Y esto, precisamente, podría dar respuesta a una de las denuncias de la síndica de Barcelona, Pilar Malla, que el pasado diciembre elaboró un informe en el que instaba al municipio a combatir la situación de alto riesgo en la que, cifró, viven unos 6.000 menores de la capital catalana, de los cuales cerca de 500 son adolescentes inmigrantes que han llegado solos a la ciudad y deambulan por las calles, en muchos casos, sin estar bajo la tutela del Govern.
En ese sentido, la solución exige, antes que nada, aumentar el número de personas destinadas a la atención de este colectivo, ya que, aunque el consistorio cumple con la ley de servicios sociales – – que exige un equipo de atención básica primaria formado por dos trabajadores sociales y un educador por cada 15.000 habitantes – – , es claramente insuficiente.
Y si básico es aumentar el gasto presupuestario en la atención social de los barceloneses, no lo es menos el hecho de trabajar con las entidades que día a día se hacen cargo de los problemas a los que no llega la Administración. Consciente de su importancia, el ayuntamiento trabaja en red con 390 entidades sociales de la ciudad, unas oenegés que emplean tanto tesón en su labor diaria como en reclamar más compromiso político para con los pobres.