SAN SEBASTIÁN. DV. La Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa se muestra especialmente preocupada porque los menores de edad cometen delitos cada vez más violentos. Así se indica en la memoria correspondiente al pasado año, en la que se constata que los atracos cometidos por adolescentes experimentaron un incremento del 68%, al pasar de 22 casos a 37. El informe destaca también un crecimiento del 66% de los delitos contra la libertad sexual perpetrados por adolescentes. Del mismo modo, aumentaron las faltas contra el patrimonio (25%), la violencia doméstica (22%) así como las lesiones (12%). Por el contrario, descendieron las infracciones penales por tráfico de drogas (55%) y los delitos contra la seguridad (72%), entre otros. En 2006 no se produjeron delitos cometidos por bandas juveniles.

La memoria redactada por el fiscal jefe de Gipuzkoa, Jaime Goyena, señala que el número de diligencias relativas a menores que se incoaron el pasado año aumentó un 5,9%. Sin embargo, este crecimiento, en opinión de la Fiscalía, no resulta especialmente importante, habida cuenta del incremento de población que se ha registrado en España en general y en Gipuzkoa, en particular durante los últimos años, debido principalmente a la inmigración. El informe señala en este sentido que en 2006 llegaron a Gipuzkoa más de 170 menores extranjeros.

Precisamente, el informe desarrolla de manera extensa la problemática del menor infractor inmigrante. En este sentido, precisa que la mayor parte son marroquíes, pertenecen a familias con escasos recursos económicos y han vivido en las calles de Tánger antes de entrar en España. Añade que «algunos» presentan muchas carencias educativas y afectivas. A ello se une además que su integración es compleja debido a las dificultades del idioma, «lo que se traduce en una tendencia a reunirse y relacionarse únicamente con sus iguales», señala el informe. Este reagrupamiento hace que, en ocasiones, las conductas desencadenantes de conflictos se contagien rápidamente entre ellos.

La Fiscalía muestra una especial preocupación por el incremento de los delitos más violentos, desde el robo con violencia o intimidación, a los relacionados con la violencia doméstica, pasando por los de lesiones y contra la libertad sexual. El ministerio público constata en estos delitos la implicación de varios menores que actúan en grupo. Precisa que es uno de ellos el que dirige la acción y los demás los que le acompañan, lo que incrementa la intimidación de las víctimas, así como el miedo a represalias en el caso de que los perjudicados denuncien los hechos.

Contra las madres

Los delitos de violencia doméstica cometidos por menores siguen teniendo como víctimas más numerosas a los padres. La Fiscalía señala que en muchos de estos casos se llega a «situaciones límite» donde los progenitores reclaman que sus hijos sean apartados del ámbito familiar dada la imposibilidad de establecer unas pautas educativas. Sin embargo, la mayor parte de las veces, la entidad de los hechos imputados – al tratarse de meras desobediencias o de faltas de injurias, daños o amenazas – no permite, de acuerdo con la ley, adoptar una medida drástica como el internamiento, según precisa la memoria.

Considera incluso que, en algunos casos, ni siquiera estaría justificada una intervención desde el ámbito penal. En opinión de la Fiscalía, esta problemática habría de ser abordada desde otras «instancias y entidades responsables de la educación, la protección e incluso la salud».

Educadores

De acuerdo con el informe, los problemas de violencia doméstica de los hijos menores hacia sus padres, especialmente hacia sus madres, se producen en ocasiones en hogares donde ya existe una intervención familiar de los servicios sociales o ésta se considera conveniente.

En estos casos, según la Fiscalía, dentro de la familia se produce habitualmente una falta de comunicación y ante la imposibilidad de solucionar los conflictos domésticos, éstos acaban degenerando en situaciones de violencia.

La memoria fiscal confirmó también el pasado año un aumento en el número de delitos de lesiones. Este crecimiento se debe a las numerosas denuncias interpuestas por los educadores de los centros de menores, «algunos de estos últimos muy conflictivos», precisa la Fiscalía.

Las denuncias reflejan comportamiento conflictivos en el centro que progresan hacia la falta de respeto y finalmente desembocan en una abierta oposición a las normas y prohibiciones impuestas por los educadores y mantenidas por los vigilantes de seguridad. «Este comportamiento consiste en insultos, siendo muy frecuentes las amenazas y las agresiones directas a educadores y vigilantes de seguridad, con frecuencia acompañadas de daños a bienes de los propios educadores o del centro», señala el estudio .

Acogida urgente

La progresión de la agresividad se observa principalmente en los centros de acogida urgente de menores extranjeros, en los que, según la Fiscalía, la actitud hostil de uno de ellos rápidamente se contagia al resto de los internos. «Se trata, según afirman los múltiples informes del equipo técnico, de jóvenes con muchas carencias de todo tipo y que requieren mucha atención. Ésta precisa de unos medios personales y materiales de los que, por el momento, no se dispone dado el número creciente de menores extranjeros, en su mayoría de origen marroquí, que llegan a Gipuzkoa», precisa la memoria.

En relación con la actuación de los menores magrebíes que no sólo cometen infracciones delictivas contra los educadores sino también otro tipo de delitos, el informe fiscal considera que un factor que explica, «aunque no justifica este comportamiento infractor», es el consumo y abuso de sustancias tóxicas. «Este consumo afecta en general a los jóvenes, pero en estos casos tiene características propias puesto que se trata de inhalación de disolventes, sustancias éstas que, a diferencia de otras de más frecuente adicción por los adultos, provocan gran agresividad y, en ocasiones, conductas autolesivas», explica la Fiscalía. Por este motivo, varios menores magrebíes con múltiples expedientes y fuerte consumo de tóxicos han ingresado en centros de desintoxicación para menores, «con resultados positivos», precisa la memoria de la Fiscalía guipuzcoana.