La persistente llegada de pateras a las costas españolas se convirtió ayer en avalancha en las Islas Canarias, donde se contabilizaron más de 180 detenidos y un número indeterminado de huidos. Unas oleadas que forman el lado más dramático de la inmigración ilegal, pero que tienen un reducido peso en los flujos que recibe España y que el año pasado sumaron 636.000 personas, nada menos que el 44% de los llegados a la UE. A tenor del mapa de extranjeros residentes en nuestro país, predominan los iberoamericanos (1.131.606), seguidos de europeos comunitarios (1.019.000) y africanos (750.717), al tiempo que se constata que las vías principales de entrada no son precisamente las costas canarias y andaluzas, sino el transporte aéreo procedente de Iberoamérica y el de carretera desde el Este europeo.

Resuelta la polémica regularización de 2005, las migraciones siguen su curso imparable, cada vez con mayor movilidad pero también con más carga de desesperación. La globalidad del problema demuestra que el ‘efecto llamada’ no lo provocan los procesos de legalización, sino el empleo ilegal y la economía sumergida. El contingente anual de inmigrantes, que no pasaba de 50.000, ha aumentado a 180.000 no europeos, mientras crecen las bajas de cotizantes extranjeros a la Seguridad Social en el régimen agrario y en el de empleadas del hogar. Aunque los estudios demográficos insistan en la necesidad de incorporar ciudadanos extranjeros, existen síntomas y previsiones en el mundo laboral que aconsejan anticiparse al panorama que podría darse si centenares de miles de trabajadores extranjeros quedan en la intemperie económica y social por el retraimiento de sectores como el de la construcción.