C. M.

MADRID. CEAR, Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) coincidieron ayer en vaticinar que este verano las posibilidades de que lleguen pateras a la zona de Levante y Baleares es muy alta. De hecho, ya se han producido varias llegadas, tanto a Murcia como a las islas, aunque todavía son casos muy minoritarios. Las ONG se basan en que el problema de la inmigración irregular se ha ido trasladando de zona, según se blindaban unas u otras. Ocurrió cuando se instaló el SIVE en el Estrecho, con Ceuta y Melilla y con Canarias.

Las tres organizaciones anunciaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula el régimen en España de los ciudadanos comunitarios y sus familias. Según las ONG, el Real Decreto establece un agravio comparativo de los ciudadanos españoles no nacidos en España (extranjeros nacionalizados) respecto de los demás ciudadanos comunitarios.

La discriminación más importante hace referencia a la reagrupación familiar de los padres. «Un ciudadano español (nacionalizado) que quiera traer a sus padres de cualquier país no comunitario tendrá que seguir los mismos trámites que un ciudadano extranjero no comunitario que viva en España», según el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales.

Se da la paradoja de que para un ciudadano francés es más fácil traer a España a sus padres ecuatorianos o marroquíes que para un ciudadano español porque los trámites son mucho más sencillos, explicaron las ONG.

Casi al mismo tiempo que se anunciaba este recurso, el Consejo de Ministros aprobaba una serie de medidas contra la inmigración ilegal. Dos órdenes ministeriales se encargarán de reforzar los controles en los puntos de acceso de la frontera exterior. La vicepresidenta De la Vega subrayó que se han modificado algunos criterios para la concesión del permiso turístico válido para entrar en nuestro país y que España hará una nueva «donación» a Frontex, en concreto ocho patrulleras, dos helicópteros y equipos de vigilancia.