El ministerio público realiza más de un centenar de inspecciones en centros de mayores de la provincia Las palabras del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo, sobre la situación de los ancianos y discapacitados internos en residencias definen un panorama que, en ocasiones, puede ser muy cruel: “Hemos detectado que personas del servicio doméstico manejaban sus poderes y tarjetas de crédito no siempre con una finalidad muy loable”.

Esta es una de las principales conclusiones del programa especial de inspecciones a geriátricos que desarrolló la Fiscalía durante el pasado año. La sospecha de una gestión fraudulenta del patrimonio también se amplió en otros casos “a personas allegadas y familiares” del residente en un centro geriátrico.

Los representantes del ministerio público contactaron con los sospechosos de aprovecharse de los bienes ajenos “para pedirles explicaciones” sobre cómo estaban utilizando los poderes y el dinero de los internos. En algunas de estas ocasiones se ejercieron acciones penales por presuntos delitos de estafa, según fuentes de la Fiscalía.

Pese a la insistencia de los medios de comunicación, el responsable del organismo no concretó cifras ni de los casos de estafa ni tampoco del número de internos, cuya situación jurídica habías sido estudiada.

Pionero en Valencia

Este programa, que se ha desarrollado de forma pionera en la provincia de Valencia, se cerró el año pasado con más de 100 visitas a residencias valencianas. No se trataba de ver “qué comen o cómo se visten”, según Cabedo, “sino de comprobar si están legalmente internados y atendidos económicamente”, explicó el fiscal jefe.

Del total de visitas a la residencias se comprobó que había “mucha gente” que no tenía regularizada su situación “bien porque no disponían del auto de internamiento o porque no tenían tutores –que gestionaran sus bienes– pese a estar declarados como incapaces”.

Cabedo explicó una situación hipotética para trasladar una idea del problema: “Por ejemplo, si en una residencia hay 100 personas, unas 60 están incapacitadas, la mayoría por auto judicial, pero el número de tutores es muy escaso”.

El ministerio público alertó de este fenómeno hace meses. Entonces, fuentes de la Fiscalía advirtieron de que las irregularidades se cometían en el momento del ingreso en la residencia de la persona desvalida. Entonces a los responsables les llamó la atención la cantidad de poderes solicitados justo antes de la fecha de solicitud de internamiento.

Cabedo remitió una circular a los miembros de la sección de civil de Valencia, Alzira y Gandía. En ella se instaba a los fiscales a que a la hora de iniciarse un proceso de incapacitación o internamiento preguntaran a los familiares si este había concedido poderes.

El programa, según fuentes de la Fiscalía, ha sido remitido al resto de fiscalías territoriales, debido a su éxito y buen funcionamiento, que adoptarán las medidas iniciadas en Valencia como proceso a seguir en el resto de demarcaciones. La iniciativa fue puesta en marcha por el coordinador de la sección civil de la Fiscalía “por su especial sensibilidad hacia este asunto”, según explicaron fuentes del departamento.

No obstante, no es la primera vez que una medida que se inicia en la Comunitat se expande al resto del departamento. Fuentes de la Fiscalía recordaron que hace una década ya fue pionera en Medio Ambiente.

“Aproximación a la realidad”

El balance de inspecciones a residencias se dio a conocer ayer durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía de 2006. En el mismo acto, se informó de las directrices que ha trasladado la Fiscalía General a la hora de elaborar este documento, “una aproximación a la realidad de delitos que se hayan podido cometer”, según Cabedo.

En este sentido comentaron las órdenes de la Fiscalía General que quiere que se traten “algunos temas de forma especial”. Entre ellos citó los casos de violencia doméstica, los asuntos relacionados con menores, los de medio ambiente, delincuencia organizada y también de extranjería.

Al respecto de la elaboración de la memoria, Cabedo lamentó que el sistema informático del que disponen esté “obsoleto”. No obstante, confía en las mejoras que se pondrán en funcionamiento. En este sentido destacó que se implantará un programa informático que permitirá “registrar todos los movimientos y asuntos que llegan a la Fiscalía” aunque la próxima memoria – “por una serie de razones que desconozco”– todavía no se realizará con el nuevo sistema.

Durante los últimos años, los datos de la memoria han sido motivo de polémica porque las estadísticas no coincidían posteriormente con las que aportaba la Fiscalía General.

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