Los ciudadanos provenientes de la Unión Europea que residen en España tienen más derechos que algunos españoles. Ésa es la denuncia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Andalucía Acoge. Estas tres organizaciones de ayuda a los inmigrantes anunciaron ayer que han presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto 240/2007, aprobado el pasado mes de febrero. Esta norma regula el flujo de entrada y residencia de los naturales de la UE que viven en España. En él se recogen ciertos derechos, como el de reagrupamiento familiar, que son mucho más difíciles de conseguir para aquellos inmigrantes que han recibido la nacionalidad española.

Según la denuncia de estas asociaciones, la aplicación de esta norma podría dar lugar a situaciones paradójicas. Como ejemplo pusieron el caso de dos hermanos marroquíes que salieran de su país, uno hacia Francia y otro a España. Al cabo de unos años, si cada uno de ellos consiguiera la nacionalidad de su país de residencia, sería mucho más sencillo para el nacionalizado francés venirse a vivir a España y traerse a sus padres que para el nacionalizado español.

Los colectivos de apoyo al inmigrante denunciaron ayer que, con este tipo de normas, el Gobierno está tratando de crear «españoles de dos velocidades», que tendrían diferentes derechos en función de su origen: «Estarán los españoles de verdad y aquéllos a los que no nos queda más remedio que nacionalizar». José Miguel Morales, de Andalucía Acoge, declaró: «Vamos a un futuro en el que cada vez más españoles habrán nacido fuera de España y deberían tener los mismos derechos que los demás».

Aviso al Ejecutivo

En su opinión, este tipo de leyes no son imputables a un error, puesto que el Gobierno recibió el aviso del Consejo de Estado y del Foro Estatal de la Inmigración que, antes de que se promulgase el Real Decreto, advirtieron de su dudosa legalidad. Estas asociaciones resaltaron que el recurso «no es una rabieta, sino que se presenta porque es incompatible con la legislación vigente». En este sentido, Arsenio García, de CEAR, se preguntó si era lógico que en el tema de extranjería sean colectivos como el suyo los que tengan que recordar a la Administración que cumpla con los convenios internacionales firmados por España o con las sentencias judiciales sobre la aplicación de sus propias normas.

En la misma línea, García declaró que en la crisis del Marine 1 era a España, según los convenios internacionales, a quien le correspondía hacerse cargo de los inmigrantes. Sin embargo, cree que lo que se ha hecho es «quitarnos de encima a esta gente lo más rápido posible». Más de dos meses después de la interceptación del barco, denuncian que los inmigrantes siguen «detenidos en Mauritania sin ningún tipo de derechos».