En el mundo actual, la precariedad laboral tiene cara de mujer y esa cara es de mujer inmigrante; y tras este 1º de mayo desde la asociación Malen Etxea y la Coordinadora Feminista Urola Kosta queremos reflexionar sobre las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, tarea desempeñada en forma casi exclusiva por extranjeras que ponen en relieve no sólo la desvalorización social del trabajo doméstico, sino relaciones de poder que se traducen en situaciones de discriminación, explotación y abuso, que no se pueden solucionar en el ámbito de la justicia ordinaria; no tienen condena social y dificultan el proceso de integración de estas trabajadoras en la sociedad de residencia.

Distintas asociaciones de Euskadi coincidieron en señalar que las empleadas domésticas internas e inmigrantes sufren las peores condiciones laborales del sector y en sus estadísticas marcaban que: el 53% de las inmigrantes empleadas en el servicio doméstico ha sufrido acoso sexual; el 79% trabaja más de diez horas diarias y un 21% entre ocho y diez horas. El salario medio de las trabajadoras empleadas en el servicio doméstico se sitúa en 780 euros y en muchos casos se descuenta parte del sueldo en concepto de comida y alojamiento. Con relación al descanso semanal y las vacaciones, al 41% de estas trabajadoras no se le pagan ni disfruta de un periodo de vacaciones; el 64% no dispone de periodos de descanso entre jornada y jornada, y una de cada cinco no lo hace ni un solo día.

En la sociedad de los «planes de igualdad»; de la «conciliación de la vida laboral y familiar», se ha impuesto una nueva distribución del trabajo, donde se mantiene la discriminación por género. Las tareas que el sistema patriarcal y capitalista impone a las mujeres, hoy se traslada a la trabajadora doméstica. La empleadora gana espacios en el ámbito público, relegando en la trabajadora doméstica inmigrante el cuidado del hogar y la familia, de esta forma el sistema no se cuestiona, ni se modifica.

Esta realidad no se puede seguir ignorando, es necesario que el Estado asuma su responsabilidad de invertir en servicios públicos que resuelvan los problemas de la atención familiar, el cuidado de enfermos y controlar que no se produzcan condiciones laborales, de ‘neo-esclavitud’, al amparo de las relaciones privadas y de leyes que degradan a las trabajadoras domésticas promoviendo la discriminación laboral legalizada.