Las derivaciones de menores extranjeros no acompañados desde Canarias a distintas comunidades autónomas se realizan a “cuentagotas” y, a pesar de que el pasado jueves, 26 de abril, salieron otros diez hacia Castilla-León, todavía son casi 800 los que siguen bajo la tutela del Gobierno canario.

Esto se debe a que el Estado no logra cumplir su compromiso de sacar de las Islas a los 500 menores de edad que exceden el cupo pactado con Canarias. Para aliviar esta presión, desde Madrid se han autorizado durante este año algunas salidas de pequeños grupos, formados por apenas una decena de menores, pero estas plazas se han ocupado rápidamente con los que han alcanzado las costas canarias en los últimos cayucos.

Según ponen de manifiesto los hechos, el Ejecutivo central tiene dificultades para repartir a los centenares de menores de edad, de origen subsahariano, que están acogidos por el Gobierno canario desde 2006.

Desde la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Ejecutivo canario se ha criticado al Gobierno central porque no apoya económicamente a Canarias, que gasta 15 millones de euros en la acogida y tutela de estos chicos.

Además, tal y como expuso la consejera de este departamento, Marisa Zamora, en el Parlamento regional, “los macrocentros que tenemos en Canarias para los inmigrantes menores de edad, con más de cien chicos, no son los ideales para garantizar su educación, puesto que nosotros abogamos por formarlos en hogares de 12 personas”.

Sólo el recinto habilitado de emergencia hace un año en La Esperanza acoge a más de cien, aunque para evitar la sensación de masificación, la infraestructura está dividida en dos partes, como si se tratase de dos centros totalmente independientes.