La presencia de menores extranjeros sin papeles ni familia está aumentando de una manera imparable en Euskadi. El año pasado, la llegada de jóvenes en estas condiciones a la comunidad autónoma creció en un 23,5% con relación al ejercicio anterior, pasando de 543 hasta un total de 671. Los menores recalan en los servicios sociales que las tres diputaciones han habilitado para atender a este colectivo. Su presencia varía en función de diversos factores, como las posibilidades reales que tengan de cruzar la frontera, la normativa de extranjería, la situación de los diferentes servicios de acogida y las facilidades para obtener la documentación que permite su estancia legal en España en un tiempo que no les resulte excesivo.

A lo largo del año pasado, los problemas surgidos con este colectivo se han multiplicado, hasta el punto de que el Ararteko, que en su momento elaboró un exhaustivo informe sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en la comunidad autónoma, ha alertado de que el panorama con relación a los derechos que asisten a estos jóvenes y su efectivo cumplimiento resulta “enormemente preocupante”.

La llamada de auxilio hecha por los gobiernos central y canario a mediados del año pasado pidiendo la colaboración del resto de comunidades autónomas para distribuir por la península al cerca de medio millar de menores inmigrantes llegados en cayucos a las islas sacó a la luz con crudeza una realidad silenciosa que las instituciones competentes de todas las comunidades autónomas (en el caso de Euskadi, las diputaciones) sufren a diario. La peor situación se vive en Vizcaya, que recibe un goteo continuo de adolescentes por el procedimiento ordinario. Esta afluencia que no cesa ha terminado por colapsar su red asistencial.

Vizcaya es, tras Andalucía y Cataluña, el lugar donde mayor número de menores inmigrantes hay acogidos con relación a su población. Por esta razón, la Diputación vizcaína transmitió al Gobierno central su imposibilidad para acoger a ninguno de los jóvenes sin papeles que se hacinaban en Canarias.

La gran mayoría de ellos proceden de Marruecos y el resto, de otros países africanos y del Este europeo. Llegan por su pie, deambulan por las calles y al final se suelen presentar en comisaría. Inmediatamente pasan a la tutela de los servicios sociales de las diputaciones. Su permanencia en ellos resulta muy variable, desde un día hasta casi todo el año.

No tienen ninguna documentación, con lo que se les somete a diferentes pruebas para intentar determinar su edad, como la radiografía panorámica de la mandíbula. La mayoría tiene entre 15 y 17 años. Las diputaciones les ofrecen alojamiento, alimento, ropa y apoyo educativo.

Hasta aquí la teoría, porque según el último informe ordinario del Ararteko, correspondiente a su actividad en 2006, en el que hace un cumplido repaso a la situación de este colectivo, las dificultades que les acucian son de gran relevancia. El Ararteko ha visitado varios centros y se ha entrevistado con los equipos de los servicios sociales de las tres diputaciones, con educadores y con todo el personal que trabaja en esta problemática. Por un lado, se arrastran muchos de los problemas de otros años: saturación de los recursos de acogida, dificultades de escolarización, lentitud en los trámites de documentación, dificultad de una intervención educativa adecuada a sus necesidades.

Por otra parte, a lo largo de 2006 surgieron problemas nuevos o, al menos, cobraron fuerza: debate social sobre la capacidad de acogida a estos menores por las instituciones vascas, imagen de conflictividad y rechazo a la creación de recursos asistenciales, procesos de repatriación sin garantías necesarias.

Desde la perspectiva del Ararteko, existen “algunos elementos especialmente preocupantes”, sobre los que hay que seguir insistiendo. Por ejemplo, destaca que algunos centros de acogida no disponen de las condiciones mínimas necesarias para ofrecer “una atención suficiente y digna” a los menores. Ello tiene que ver, muchas veces, con las propias condiciones estructurales y la capacidad de los centros; con las ratios y condiciones de los equipos profesionales; la capacidad de organizar actividades formativas adecuadas o de aprovechar otros programas, servicios o recursos comunitarios.

El Ararteko también alerta de que algunos equipos de educadores están “quemados” por las condiciones en que tienen que desarrollar su trabajo. Esto, aparte del coste de personal que supone, dificulta la continuidad de la atención. Y advierte de que la imagen social que se transmite, especialmente cada vez que un conflicto salta a la luz pública, es “demoledora” para los propios menores y para el conjunto de la población inmigrante. “Sólo sirve para alimentar actitudes xenófobas en nuestra sociedad”, concluye.