Unos dos mil trabajadores extranjeros viven en régimen de esclavitud en La Rioja, según revela la ‘Memoria de la Fiscalía del TSJR 2006’ que presentó ayer a los medios de comunicación el fiscal – jefe, Juan Calparsoro. Una memoria que hace especial hincapié en los capítulos de menores y extranjería y de la que se desprende una «estabilidad» en la evolución de la criminalidad en La Rioja. Hasta el punto de que las diligencias previas incoadas a lo largo de 2006 se cifran en 13.127, un 3,69% menos que en el ejercicio inmediatamente anterior.

El documento destaca además el incremento de juicios rápidos, hasta tal punto que, de las 1.470 calificaciones de la Fiscalía, 958 derivaron en diligencias urgentes de juicio rápido (159 más que en 2005).

En términos generales, señaló Calparsoro, no se han registrado conflictos entre extranjeros y nacionales, si bien sí que se han dado casos aislados. Como el de tres jóvenes a quienes se aplicó en el juicio la agravante de «móvil racista», por la agresión a un marroquí en un parque de Calahorra al que llegaron a clavarle un cuchillo en la espalda al grito de «moros de mierda y te vamos a mandar al cementerio».

En lo que respecta a la problemática de los delitos contra los trabajadores extranjeros, la ‘Memoria 2006’ constata la existencia de una estructura organizada para captar trabajadores portugueses en sus lugares de origen y traerlos a La Rioja para trabajar en labores agrícolas, en condiciones de «explotación laboral y prácticamente esclavitud». Una explotación, señaló el fiscal – jefe, que afecta a unas dos mil personas y que ha empezado a extender sus tentáculos al sector de la construcción.

Esa explotación se da también con las mujeres en el terreno de la prostitución. Generalmente son contratadas en sus países de origen por compatriotas que están en contacto con los propietarios de los clubes de alterne, señala la Memoria, y una vez aquí son sometidas a condiciones laborales no pactadas previamente, viéndose obligadas a mantenerse en la prostitución hasta saldar la ‘deuda de viaje’ que, en ocasiones, lejos de aminorar su cuantía aumenta por sanciones impuestas durante su actividad.

El caso más flagrante al que se hace alusión en este anuario se sitúa en un club de la Rioja Baja, donde se detectó la presencia de una menor de origen rumano, que era mantenida en la prostitución, con la anuencia de su madre, empleada de ese mismo club de alterne. En este caso la actuación se saldó con la detención de tres ciudadanos españoles y de dos rumanos.

En el apartado dedicado a ‘menores’ se valora la problemática por la que atraviesan los centros de protección de menores, como son la Residencia Iregua y sus pisos adscritos de la calle Labradores. Las agresiones verbales y físicas de los menores hacia el personal del centro, las continuas fugas y el consumo generalizado de hachís entre los residentes del piso de Labradores han hecho necesaria la contratación de un servicio privado de seguridad para garantizar la integridad física de los menores y encargados de su guarda.