Madrid – El drama de la inmigración irregular vuelve a hacerse visible y
retoma la vertiente Atlántica y las rutas que conducen desde los países
africanos a Canarias como escenario principal de la tragedia. El último de
los cayucos con 69 indocumentados a bordo alcanzó la playa de Archile, en
el municipio de San Miguel de Abona, al sur de Tenerife, a las diez y
media de la noche del miércoles. No habían sido detectados previamente,
así que cuando efectivos de la Cruz Roja y la Guardia Civil llegaron a la
playa se toparon con decenas de inmigrantes junto al cayuco. Había sido
una travesía larga: diez días navegando sin que el largo trayecto tuviera
un final feliz para todos. Uno de los ocupantes llegó muerto. El cadáver
estaba ya rígido, en «rigor mortis», cuando fue localizado por la Guardia
Civil, lo que significa llevaba muerto al menos tres horas cuando fue
hallado. El equipo que acudió en auxilio de los inmigrantes vivió momentos
dramáticos al comprobar que otro de los ocupantes de la barcaza se
encontraba en muy mal estado de salud. Un equipo médico de Cruz Roja
intentó practicarle maniobras de reanimación durante una hora pero, al
final, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El resto presentaba
cuadros de hipotermia y deshidratación, lo habitual tras una travesía de
más de mil kilómetros. Después de recibir una primera asistencia médica,
se aplicó el protocolo habitual que se sigue con los indocumentados que
llegan y al que Canarias está más que acostumbrada: prestaron declaración
en comisaría, fueron identificados y, después, trasladados al centro de
internamiento de Hoya Fría. Los inmigrantes tuvieron que ser trasladados
desde la playa hasta la comisaría en vehículos todoterreno de la Guardia
Civil, en lugar de coches de la Policía, como suele ser habitual, debido a
las dificultades de acceso a l terreno, según informó la Delegación del
Gobierno.
   La llegada de este cayuco a Tenerife no es más que una
avanzadilla de toda la riada de embarcaciones que se prevé esté verano y
que según las informaciones de la Agencia Europea de Control de Fronteras
(Fontex) no aflojará y se mantendrán cifras similares a las registradas en
el verano de 2006, en que se sextuplicó la llegada de embarcaciones
creando una crisis sin precedentes.
   La agencia europea obtiene la
información de los oficiales de enlace que trabajan en distintos países,
de las ONG y de los propios inmigrantes a través de los interrogatorios
que realiza en las labores de identificación para averiguar su
procedencia. A esta circunstancia se une que el director adjunto de
Frontex, Gil Arias, ha reconocido que las labores de vigilancia con barcos
y helicópteros cada vez colaboran menos países europeos. Desde el lunes,
sólo se cuenta para vigilar la vertiente atlántica con medios españoles e
italianos. Ayer, el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo para crear
equipos de intervención rápida para crisis puntuales de avalanchas. Se
prevé que estén operativos antes de fin de año, pero aún no está
garantizado su funcionamiento este verano, cuando se pueden alcanzar los
momentos más críticos. Mientras, los esfuerzos diplomáticos de Moratinos,
y el «plan África» que emprendió el pasado octubre, no está cumpliendo los
objetivos deseados en el sentido de que se trataba de convencer a países
como Guinea Conakry, Gambia y Senegal de que impidieran la salida de
irregulares de sus costas, pero el flujo continúa y se espera que haya
tantos intentos de salida como el año pasado. La secretaria de Estado de
Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró ayer a Ep que todos los inmigrantes
clandestinos, tanto los que llegan en cayuco a Canarias como los que son
rescatados en alta mar, tiene un destino común: la repatriación.
   Sin embargo, el portavoz del sindicato policial CEP, Rodrigo Gavilán, retó
al Gobierno a que dijera uno sólo de los 31.000 subsaharianos trasladados
a la Península el año pasado que haya sido enviado de vuelta a su país de
origen.