Ser inmigrante clandestino en Italia dejará de ser un delito castigado con la cárcel. El Gobierno de centroizquierda que lidera Romano Prodi aprobó ayer un proyecto de ley que pretende flexibilizar la Bossi – Fini, la férrea y restrictiva ley en materia de inmigración aprobada en 2002 durante el mandato de Silvio Berlusconi y calificada de «racista» por el actual Ejecutivo.

La ley Bossi – Fini establecía, por ejemplo, penas de cárcel para los inmigrantes expulsados que entraran ilegalmente de nuevo en Italia, instaurando como delito específico la «inmigración clandestina». Es algo que elimina el texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros (que debe ser refrendado por el Parlamento para convertirse en ley). «El inmigrante no es un mafioso», señalaba en ese sentido Giuliano Amato, ministro del Interior. «No tiene sentido que haya un derecho criminal especial para el inmigrante», añadía, subrayando que «la ley Bossi – Fini veía al inmigrante como un potencial enemigo de la ley, con características propias».

Según datos de Interior, actualmente en Italia hay más de tres millones de inmigrantes con los papeles en regla, casi el doble que hace cinco años. Aunque la inmigración clandestina y la llegada de cayucos siguen a la orden del día: sólo el año pasado se estima que entraron de manera ilegal 22.000 extracomunitarios. Pero esos clandestinos no serán perseguidos y expulsados, como ocurría hasta ahora.

El nuevo proyecto de ley aboga por establecer programas de repatriación voluntarios. Sin embargo, el texto no contempla el cierre de los polémicos centros en los que se interna a los inmigrantes ilegales detenidos que aguardan ser repatriados, aunque espera que se vayan vaciando progresivamente.

Además, con el nuevo proyecto de ley contar con un contrato de trabajo dejará de ser la única forma con la que un inmigrante puede entrar de manera legal en Italia. Las personas con aptitudes científicas, culturales, artísticas, deportivas o empresariales serán bienvenidas en Italia, y se les tramitará de manera rápida un permiso de residencia válido para cinco años.