Contratación de inmigrantes sin papeles, condiciones de trabajo en las que las medidas de seguridad son inexistentes y pagos en negro son algunas de las características del negocio de la recogida de piñas. Una actividad lucrativa como lo demuestra el dato de que, en la zona del Maresme, esta temporada se han concedido 104 licencias (que solo se dan a ciudadanos regularizados), el doble que el año anterior.
Ante estos abusos, la Generalitat se ha comprometido a mejorar las condiciones laborales de los recolectores de piñas, mayoritariamente africanos. En la próxima temporada de recolección, que se inicia el 1 de noviembre, se repartirá un díptico informativo y didáctico sobre las condiciones técnicas y de seguridad entre asociaciones e implicados.

Muerte en diciembre
Faenar a grandes alturas, sin ningún tipo de protección, ha originado graves accidentes, algunos mortales. En diciembre, los Mossos d’Esquadra confirmaron la muerte de un senegalés tras caer de un árbol. El 7 de noviembre, un recolector de piñas senegalés sufrió un grave accidente en una pineda de la Serralada Litoral, que le provocó paraplejia. Hace seis años, una grave caída sentó en una silla de ruedas a otro africano.
“Nos planteamos elaborar una información gráfica donde se expliquen unas pautas de seguridad”, explica la delegada territorial del Govern en Barcelona, Carme San Miguel. “Si me dan los materiales necesarios para sujetarme, me los pondré”, asegura el recolector Banu Yavara, de 48 años, con papeles y tres hijos. Banu y sus compañeros trepan a grandes alturas, entre 5 y 8 metros. “Claro que tengo miedo de subir tan alto”, reconoce.
Diferentes departamentos del Govern, coordinados por la delegación del Govern en Barcelona, se han reunido muy discretamente, y con estrictas órdenes de no filtrar su contenido, para solucionar un problema envuelto de recelos y desconfianzas.
Desde hace semanas, los Mossos d’Esquadra investigan una furgoneta que recorre la zona del Montnegre i el Corredor, que discurre por las comarcas del Maresme y Vallès Oriental. Imputar un delito contra los derechos de los trabajadores no es fácil. “Este se considera un engaño o abuso, imponiéndoles unas condiciones laborales que perjudican y restringen sus derechos. Para corroborarlo, es necesario denuncia”, remarcan fuentes policiales.
“No podemos intervenir porque no tenemos pruebas; la gente tiene miedo a hablar y esquiva el tema”, explica Omar Diatta, un miembro de la Asociación de Senegaleses de Catalunya, quien pide colaboración a sus compatriotas.

Amenazas
El temor constante a la expulsión a su país de origen propicia, en algunos casos, el aprovechamiento de unos cuantos, dicen quienes conocen el negocio. “Hay algunos propietarios que ven cómo los inmigrantes recogen piñas durante todo el día, callan, y cuando tienen los sacos llenos les amenazan con avisar a la policía si no los abandonan”, explica indignado un comprador, que prefiere no ser identificado. Los compradores de piñas consultados por este diario niegan que haya explotación. “Pagamos lo mismo a un catalán que a un africano; no engañamos en el peso”, señala uno que tampoco autoriza a publicar su nombre. Asegura que algunos pueden ingresar hasta 2.500 euros al mes, aunque Banu dice ganar “25 o 30 euros al día por recoger 50 kilos”.
Otros compradores reconocen que adquieren la mercancía a un recolector sin licencia atribuyéndosela a otro con permiso. “No tenemos valor de decirle que no se lo compramos después de un día duro de trabajo”, reconoce uno.