La Oficina del Censo Electoral (OCE) ha denunciado ante la Fiscalía a nueve municipios sospechosos de ‘engordar’ el censo electoral a pocos meses de los comicios locales del 27 de mayo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó en un comunicado de que el sistema de alertas de control de altas de la OCE detectó entre junio de 2006 y abril de 2007 «variaciones significativas en el número de electores» en 235 municipios y 51 entidades locales menores.

La OCE aprecia en estos municipios «indicios de irregularidades» en la gestión de su número de electores. Las acusaciones son fruto de la investigación que realiza el INE antes de cada cita electoral para evitar fraudes por altas masivas e inducidas en el padrón municipal, que puedan llegar a afectar al resultado de los comicios. Este organismo rehusó hacer público el nombre de los consistorios denunciados por ser información «de uso interno».

Tras detectar «variaciones significativas» en el censo de más de 235 municipios, la OCE contactó con sus autoridades para requerirles la justificación de dichas altas. La mayoría aportó la documentación requerida, pero 68 ayuntamientos no contestaron a los requerimientos, circunstancia que la oficina censal puso de inmediato en conocimiento de la Junta Electoral Central.

Fruto de esas investigaciones, la OCE ha realizado o mantiene abiertas inspecciones en diez municipios, al objeto de comprobar la veracidad de las altas comunicadas. También han sido investigadas reclamaciones efectuadas por particulares y partidos en otros once ayuntamientos a raíz de la publicación por los municipios de sus cifras de electores. Según la ley electoral, el listado válido para votar es el vigente el primer día del mes anterior al de la convocatoria, es decir, el 1 de marzo en el caso de las próximas elecciones.

El PSOE valenciano alertó en las últimas semanas de posibles irregularidades en varios municipios, la mayoría de Castellón, entre los que figuran El Toro, Barracas, Cabanes, Cervera, Les Coves de Vinromà, Navajas, Santa Magdalena, Vall d’Alba y Sant Jordi. También presentaron los socialistas denuncias sobre los censos de Dos Aguas (Valencia) y Adsubia, en Alicante. El PP formuló otras cuatro denuncias contra municipios del PSOE: Almenara, Onda, Moncofa y l’Alcora.

Los denunciantes aseguraron que, en algunos casos, estos nuevos vecinos se han empadronado en viviendas en ruinas o sin servicios básicos como luz o agua, por lo que dudan de que se trate de residentes. La Guardia Civil acudió a los municipios sospechosos a verificar, casa por casa, si se trata de verdaderos habitantes afincados en ellos o si puede haber un intento de fraude con vistas a las elecciones.

Inmigrantes

En Aragón, la Chunta Aragonesista ha denunciado lo ocurrido en el municipio zaragozano de Ricla, donde entre el viernes y el sábado pasado un funcionario tramitó las peticiones de casi 300 inmigrantes de Rumanía – país que acaba de ingresar en la UE y cuyos residentes pueden votar por primera vez en unas municipales – de ser incluidos en el censo. Con ello, en apenas unas horas los extranjeros se convirtieron en la cuarta parte de la población, gobernada por el PAR.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló en relación con las denuncias presentadas por el INE ante la Fiscalía que «el PP ha intentado hacer trampas, pero afortunadamente no ha podido». «Lo que han intentado los representantes del PP en algunas zonas de España es claramente reprobable, por ello sería bueno que lo reconocieran y se disculparan por ello». «Respetar las reglas de juego es sagrado», subrayó.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, rechazó comentar este tema y aseguró que prefiere «remitirse a los hechos». El líder popular recordó lo sucedido en las elecciones generales de 1989, cuando un juez ordenó repetir las elecciones generales en Melilla y en Pontevedra por irregularidades, según señaló, «imputables al PSOE».