EL proceso extraordinario de regularización en el Estado español ha dejado plumas en el camino puesto que en la actualidad aún sigue habiendo entre 750.000 y un millón de personas en situación irregular, sea porque el 15% de los que normalizaron su situación entonces 557.800 en total no han conseguido renovar sus permisos el pasado año y han vuelto a engrosar las listas de indocumentados, o bien porque ni tan siquiera han tenido la oportunidad de hacerlo.

Esa es la queja de SOS Racismo, que presentó ayer su informe 2007 en el Estado español, en el que aseguran que a ese 15% se suman los que no lograron regularizar si situación durante el proceso y a los que han llegado al Estado en este tiempo, lo que, según su portavoz en Catalunya, Begoña Sánchez, significa que “volvemos a estar como antes”, porque el proceso “no abordó las causas” de la inmigración.

Según Martínez, el procedimiento extraordinario fue un “balón de oxígeno para 600.000 personas, pero muchas de ellas se han vuelto a quedar en situación irregular y sin un nuevo proceso su situación es muy difícil”. De hecho, una de las peticiones del informe es que se implanten medidas permanentes de regularización y que entretanto se flexibilicen los criterios de renovación de permisos.

Entre los datos del informe, destaca el hecho de que los inmigrantes que intentaron entrar de forma irregular al Estado español por vía marítima representaron un 5% del total, frente al 80% que lo hicieron por vía aérea y el 15% que utilizaron el transporte terrestre, “contrariamente a la idea de que el discurso político y los medios de comunicación han contribuido a fomentar”, tras la llamada “oleada de cayucos”

En las costas africanas se han recuperado alrededor de 600 cadáveres de personas que intentaban llegar a Canarias, aunque se cree que fueron 6.000 inmigrantes africanos los que murieron cuando trataban de alcanzar las islas en 2006, mientras que unos 31.000 sí lograron su objetivo.

Asimismo SOS Racismo denunció que la Unión Europea está llevando a cabo una estrategia de “externalización” al “trasladar las fronteras a los países que no respetan los principios democráticos”, como Marruecos o Mauritania, en un enfoque “que en ningún caso resolverá el control de flujos y mucho menos los parará”.

En este contexto y en un plano más cercano, cabe significar que los ciudadanos de la CAV perciben que el número de inmigrantes es cuatro veces superior al real y, aunque no hacen un discurso abiertamente racista, esta actitud se percibe “de forma difusa”.

Aunque la Comunidad Autónoma Vasca sea una de las que acoge a un menor número de inmigrantes de todo el Estado (alrededor de 85.500, un 4% de la población), las asociaciones y organismos que trabajan con personas llegadas de fuera destacan que “con políticas adecuadas se podrían evitar confrontaciones racistas”.