El acuerdo del Consejo de Ministros de Justicia e Interior incluye la reserva parlamentaria de siete países, aunque el único caso complicado es el de Lituania, cuyo Parlamento había exigido la inclusión de los crímenes estalinistas en el texto.

Los ministros de Justicia de la UE acordaron una decisión marco que establece penas de entre 1 y 3 años de prisión para las incitaciones a la violencia contra grupos por su origen étnico, nacional, racial o religioso, así como la negación o trivialización de los crímenes contra la Humanidad o los genocidios reconocidos por tribunales internacionales.

Ello supone la inclusión del Holocausto y los crímenes nazis, y la principal discusión de hoy radicó en que Polonia, Estonia y Lituania querían que se englobara también a los crímenes estalinistas.

Los ministros intentaron por largo tiempo vencer esta oposición, en la que finalmente Lituania se quedó sola, y finalmente se acordó incluir una declaración que señala que esta decisión marco “no cubre” los crímenes cometidos por regímenes totalitarios, a pesar de lo cual “el Consejo deplora todos estos crímenes”.

El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, explicó que los países bálticos “tienen razón” en su deseo de “ver reflejado su sufrimiento”, pero señaló que ese objetivo “se salía de los márgenes de la decisión” acordada hoy.

El comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Franco Frattini, jugó un papel crucial en el acuerdo, al ofrecer a los países reticentes la celebración de una audiencia pública en un país báltico, posiblemente en Riga (capital letona) y durante el primer semestre de 2008, sobre los crímenes y represión cometidos por los regímenes totalitarios.

Además, la Comisión elaborará un “libro verde” sobre “este período dramático de nuestra historia”, afirmó Frattini durante una conferencia de prensa tras la reunión, en la que dijo que habrá “una respuesta política” a quienes “sufrieron profundamente por los horribles crímenes de las dictaduras”.

El texto acordado hoy establece también la posibilidad de que las motivaciones racistas, religiosas, étnicas o xenófobas sean consideradas un agravante en la comisión de delitos.

En cambio, deja a cada Estado miembro la posibilidad de establecer salvaguardas según su tradición de libertad de expresión y sus garantías constitucionales.

Incluso, los países podrán no castigar las expresiones racistas o xenófobas que no inciten a la violencia. “Conseguimos aunar el respeto a la libertad de expresión y el castigo a cualquier acción criminal, no las ideas. Vamos a castigar actos, comportamientos, incitaciones a ofender, o matar, de un modo concreto”, resumió Frattini en una conferencia de prensa.

Por ejemplo, en Alemania está prohibida la publicación de propaganda y material de ideología nazi, mientras que en Dinamarca esa actividad es legal y seguirá siéndolo. “Las leyes danesas no van a tocarse”, dijo claramente una fuente diplomática de ese país.

En cambio, los países que lo deseen podrán ir más lejos y poner en marcha normativas nacionales más duras, indicaron fuentes comunitarias. En el caso español, el sistema legal incluye estas tipificaciones como delito o agravante “desde hace mucho tiempo”, según recordó Bermejo.

El acuerdo final diluye los objetivos iniciales, pero cierra una discusión que la UE mantenía abierta desde 2001 sin hallar un acuerdo debido a las diferencias de fondo entre los Estados miembros sobre la libertad de expresión. “Tras seis años de discusión … lo hemos conseguido, no habrá sitio en Europa para la violencia racista, para las personas que de manera concreta inciten a la xenofobia”, recalcó Frattini.