La incitación al racismo o a la xenofobia serán castigados como delito en todos los países comunitarios. Así lo acordaron ayer los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea reunidos en Luxemburgo. No obstante, el consenso es de mínimos ya que da garantías a los Estados donde la norma puede entrar en conflicto con su concepto de libertad de expresión.

El pacto alcanzado establece penas de entre uno y tres años de prisión para los llamamientos a la violencia contra grupos por su origen étnico, nacional, racial o religioso, así como la negación o trivialización de los crímenes contra la Humanidad o los genocidios reconocidos por tribunales internacionales. Ello supone la inclusión del Holocausto y los crímenes nazis. La principal discusión de ayer radicó en que Polonia, Estonia y Lituania querían que se englobara también a los crímenes estalinistas.

Los ministros intentaron por largo tiempo vencer esta oposición, en la que finalmente Lituania se quedó sola, y finalmente se acordó incluir una declaración que señala que esta decisión marco «no cubre» los crímenes cometidos por regímenes totalitarios, a pesar de lo cual «el Consejo de Ministros de Justicia e Interior deplora todos estos crímenes».

Audiencia en Riga

El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, explicó que los países bálticos «tienen razón» en su deseo de «ver reflejado su sufrimiento», pero señaló que ese objetivo «se salía de los márgenes de la decisión» adoptada ayer.

El comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Franco Frattini, jugó un papel crucial en el acuerdo, al ofrecer a los países reticentes la celebración de una audiencia pública en un país báltico, posiblemente en Riga (capital letona) durante el primer semestre de 2008, sobre los crímenes y represión cometidos por los regímenes totalitarios.