VITORIA. DV. Los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca perciben que el número de inmigrantes es cuatro veces superior al real. Así lo pusieron de manifiesto ayer los portavoces de SOS Racismo de Gipuzkoa, Vizcaya y Álava en la presentación del informe anual sobre la situación del racismo en el Estado español. Según indicaron, el País Vasco es una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de extranjeros empadronados. De hecho, mientras que en 2006 los inmigrantes empadronados en España representaban el 8,7% de la población, en Euskadi el porcentaje desciende hasta el 3,4%. En zonas como La Rioja alcanza casi el 12%.

«Resulta difícil constatar con datos objetivos si se ha incrementado el rechazo al inmigrante y la xenofobia», indicaron Diego Jauregi y Agustín Unzurrunzaga, si bien el responsable de SOS Racismo Álava, Fede García, consideró que «el racismo va a más en la medida en la que van llegando nuevos inmigrantes y no se les facilita la integración, lo que provoca el rechazo social».

El informe estatal pone de manifiesto que la situación de los menores extranjeros no acompañados se ha agravado en el último año. El aumento del número de menores procedentes de Marruecos o del África subsahariana ha puesto en evidencia que los centros de acogida no están preparados para acoger a todos los menores, no tienen condiciones, recursos, ni personal para atender realmente a los jóvenes y ofrecerles una posibilidad de integración. «Tiene que haber más centros para que los menores extranjeros tengan una tutela de tipo universal que les garantice la educación , la sanidad y la estancia», indicó García, quien consideró que los centros de acogida en el País Vasco son una asignatura pendiente ya las plazas previstas «no encajan con la realidad».

El documento de SOS Racismo critica la política del Gobierno sobre inmigración porque «ha fomentado la discriminación y el miedo a lo diferente», al tiempo que cuestiona el actual marco legal por considerar que «genera la irregularidad».

Los datos de la organización no gubernamental estiman que en España podría haber entre 750.000 y un millón de personas en situación irregular. Asimismo, destaca que de las 577.800 personas extranjeras que regularizaron su situación después del proceso extraordinario de 2005, menos de 30.000 consiguieron un contrato indefinido y que el 15% no consiguieron renovar sus permisos.

Asimismo, alerta sobre el aumento de bandas de ultraderecha, así como de la existencia de 300 páginas web en las que se incita a la discriminación y al odio contra varios colectivos.